SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto criticó la solicitud del presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Christian Sobrino Vega de una orden protectora, para no comparecer al Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
“Eso quiere decir que el BGF no tiene ni siquiera la valentía de venir a defender lo que ellos mismos certificaron el 20 de junio. Cifra con la que no estamos de acuerdo, pero ellos certifican el 20 de junio que en el BGF hay 152 millones de dólares. Y hoy tuvieron la osadía y la falta de honestidad de radicar una orden protectora para que el señor presidente no se sentara a declarar. Aquí estoy yo, la pregunta es: ¿Dónde está el BGF, donde está Christian Sobrino y porque teme sentarse en el banco de los testigos”, dijo Cruz Soto a su salida del Tribunal Superior de San Juan.
En la vista, el abogado del MSJ, Frank Torres Viada solicitó la desestimación del interdicto preliminar contra el BGF, por los fondos de la llamada Contribución Adicional Especial (CAE). Este dinero proviene de las contribuciones pagadas al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), que se supone esté en un fideicomiso del BGF en el Banco Popular de Puerto Rico.
El interdico, explicó el abogado, se tornó académico el pasado 1 de julio. Esto, porque el pleito pretendía la paralización del envío de unos fondos del CRIM al BGF, lo que ya ocurrió.
“La verdad es que ellos saben que le deben una suma millonaria a la gente de San Juan. La verdad es que van a usar el dinero de todos los municipios para pagar su deuda a los bonistas. La verdad es que el pueblo ya empieza a ver en Cabo Rojo, en Arecibo, en Toa Baja, en Caguas y en San Juan los estragos de un gobierno que se rinde ante la Junta de Control Fiscal y ante los bonistas. Según dijo un gran hombre, esto tiene que cambiar”, mencionó Cruz Soto sobre el fundamento a su entender para que Sobrino Vega se negara a declarar.
Cuestionada sobre la posibilidad de que otros alcaldes, como el de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, se una al pleito, contestó que “podrían unirse Caguas, Juncos, Hormigueros, Isabela. Y mientras más apriete, y las bolsas de basura se empiecen a acumular. Y cuando la gente vaya al CDT y no haya las medicinas, los alcaldes y las alcaldesas que no se han dado cuenta, se unirán”.
La alcaldesa de San Juan comenzó sus demandas contra el BGF desde el 2015, bajo la administración de Alejandro García Padilla.
