Residencial Torres de Sabana. (Foto/Héctor Álvarez)
Redacción Presencia
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CAROLINA – El representante por el Distrito 40, Ángel Matos García, presentó la Resolución de la Cámara 262 -el pasado 10 de febrero- para ordenar que se realice una investigación sobre la demolición del residencial público Torres de Sabana, en Carolina.
El complejo de viviendas, que fue inaugurado el 31 de enero del 1971, llegó a albergar a miles de personas por más de 40 años. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en condiciones deplorables.
El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, a través de su secretario, anunció la demolición de dicho residencial para el mes de febrero del año 2019 y ya el Departamento de la Vivienda de los Estados Unidos autorizó la demolición de esta estructura.
“El residencial Torres de Sabana albergaba a miles de familias, lo que resulta apropiado investigar el proceso, traslado y reubicación de los residentes del mencionado complejo. Por todo lo cual se hace meritorio ordenar la presente investigación en cuanto al proceso completo de demolición de la estructura y las medidas cautelares que se tomarán al respecto”, mencionó en la exposición de motivos el legislador.
El exadministrador de Vivienda Pública (AVP), William Rodríguez Rodríguez, confirmó la demolición del residencial Torres de Sabana en julio del 2020, y mencionó que el residencial se encontraba vacío y en proceso de subasta.
A pesar de que en aquel entonces aseguró: “ya eso está bien adelantado, así que deberíamos poder en los próximos meses estar adjudicando esa demolición”, aún no se ha concretado una fecha oficial para la demolición.
Además, se había informado que en en esa zona se construirá un proyecto de vivienda mixta, que estará disponble para familias de escasos recursos que son participantes del programa de vivienda pública, así como residentes que alquilan propiedad de manera privada.
En Puerto Rico existen sobre 300 residenciales públicos que albergan a cerca de 275,000 puertorriqueños. “Estas comunidades desventajadas representan alta prioridad para el gobierno en procurar una mejor calidad de vida y ambiente seguro para sus residentes. La política pública concentrada hacia estas comunidades se basa en igual trato, derecho, oportunidades y desarrollo de sus habitantes”, concluyó Matos.
