SAN JUAN – En Sesión Ordinaria, el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 521, de la autoría de la senadora, Karen Román Rodríguez. Esta medida enmienda la Ley 238-2004, más conocida como “La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, con el fin de ampliar y fortalecer las protecciones legales y garantizar la dignidad, seguridad y justicia de esta población.
La Senadora Román Rodríguez destacó la trascendencia de este proyecto, señalando que el P. del S. 521 crea un marco jurídico especializado para la expedición de órdenes de protección dirigidas a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas adultas con impedimentos que enfrenten situaciones de maltrato, negligencia, abuso físico, emocional, sexual o explotación económica.
“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión, la justicia y el respeto a la dignidad humana. Este proyecto atiende de manera efectiva las realidades de una población históricamente marginada y ofrece herramientas concretas para prevenir y atender situaciones de violencia, abuso o discriminación”, expresó la Senadora.
El P. del S. 521 integra nuevas definiciones, establece procedimientos procesales claros para la radicación de solicitudes de protección, fija penalidades por incumplimiento y asegura la capacitación de los componentes del sistema de justicia y de agencias públicas en trato digno, derechos y accesibilidad.
La medida contó con el respaldo de entidades como el Departamento de Justicia, la Defensoría de las Personas con Impedimentos y la Oficina de Administración de los Tribunales, quienes resaltaron su valor como instrumento legislativo indispensable para atender las necesidades de las personas con diversidad funcional en Puerto Rico.
“Desde el Senado, seguiremos impulsando iniciativas que fortalezcan la protección de los derechos humanos, garanticen mayor equidad y aseguren la participación plena de cada ciudadano en la sociedad”, añadió la Senadora.
Con la aprobación del Proyecto del Senado 521, el Gobierno de Puerto Rico da un paso firme hacia la consolidación de una política pública inclusiva, justa y sensible a las necesidades de la población con diversidad funcional.
