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noviembre 07, 2024
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Se declara culpable de solicitar y aceptar sobornos de contratista

Por: Redacción Presencia
presenciaregional@gmail.com

SAN JUAN- El exalcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, se declaró hoy culpable de solicitar y recibir aproximadamente $39 mil en efectivo en sobornos de un contratista que buscaba la adjudicación de tres contratos de inspección de la construcción con el municipio de Río Grande.

Eduard Rivera Correa, exalcalde de Río Grande. (Foto/Suministrada)
Eduard Rivera Correa, exalcalde de Río Grande. (Foto/Suministrada)

La secretaria de Justicia Auxiliar, Leslie Caldwell, de la División Criminal del Departamento de Justicia, la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, del Distrito de Puerto Rico y el agente especial a cargo del FBI en San Juan, Carlos Cases, hicieron el anuncio.

De acuerdo con su declaración de culpabilidad, Rivera Correa, de 61 años, mientras fungía como  alcalde de Río Grande a principios de 2010 solicitó que un contratista realizara pagos de sobornos a cambio de la adjudicación de tres contratos de construcción por un valor total de $329 mil.

Después se adjudicaron los contratos y mientras que los pagos se estuvieron desembolsando por el municipio, el contratista entregó sobres conteniendo aproximadamente  $39 mil en efectivo a la oficina de Rivera Correa y los colocó en un cajón.

Rivera Correa se declaró culpable ante el juez federal, Marcos López, de un cargo de soborno. Este  fue arrestado el 10 de julio de 2014, después de haber sido acusado por un gran jurado federal. Su sentencia será programada para una fecha posterior.

En su declaración de culpabilidad, Rivera Correa admitió obstruir la justicia al amenazar al contratista que le pagó los sobornos. En o alrededor del 16 de abril de 2012 en una conversación grabada, el exalcalde amenazó al contratista en un esfuerzo para intimidar y disuadirlo de cooperar con la Policía.

El caso fue investigado por el FBI y está siendo procesado por el fiscal Charles Walsh de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y el jefe penal, José Ruíz, del Distrito de Puerto Rico. La Oficina de Ética Gubernamental Puerto Rico prestó asistencia en la investigación.

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