SAN JUAN – Varios funcionarios han expresado sus reacciones ante la determinación de la Junta de Control Fiscal (JCF) de aprobar sus planes fiscales para el gobierno, que entre otras cosas, contemplan el recorte de pensiones.
La JCF aprobó el jueves los planes fiscales propuestos del Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El ente también se reúne el viernes para discutir los planes fiscales propuestos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC).
El representante popular, Luis Raúl Torres fue uno de los que rechazó la imposición del ente federal, creado bajo la Ley PROMESA.
“En ese plan, la Junta contempla la eliminación de beneficios a la clase trabajadora del gobierno y la empresa privada: reducciones de días por vacaciones, enfermedad, eliminación de bono de navidad, entre otros. También la reducción de un 10 por ciento a las pensiones de los retirados del gobierno. Estas medidas neoliberales provocarán el empobrecimiento de nuestra clase media trabajadora y, un éxodo masivo de nuestra gente productiva a los Estados Unidos y otros países”, dijo Torres en declaraciones escritas.
El representante por el Precinto 2 de San Juan alegó que el impacto social sobre la población de ese plan fiscal, será detrimental y abonará más a la depresión económica y no ayudará al desarrollo económico necesario para la recuperación fiscal y el cumplimiento con los servicios al pueblo y al pago de la deuda que sea legítima con los bonistas.
“He escuchado que el gobernador Rosselló pretende desobedecer el establecimiento de esas medidas fiscales propuestas por la Junta de Control Fiscal y que sus Jefes de Agencias no las implementarán. De ser cierta su intención tiene mi total apoyo y lo acompañaré en toda gestión que evite semejante injusticia de desigualdad social contra nuestro pueblo. Si hay que ir a la cárcel por defender al País, estaremos de su lado. Nunca daré mi voto para hacerles daño a los pensionados ni para quitar beneficios a los trabajadores”, señaló el legislador.
Mientras tanto, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, apoyó sin reservas la determinación del gobernador de no permitir que la JCF establezca política pública y afecte negativamente la calidad de vida de miles de pensionados.
“Apoyamos la determinación de nuestro Gobernador Ricardo Rosselló y no ejecutaremos estas determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal”, dijo la legisladora también en declaraciones escritas.
Llamó a la Junta a tener sensibilidad con este sector, que ya que no tiene muchas alternativas para aumentar su ingreso. “Todos los años los medicamentos suben de precio sin previa notificación, además que en esta etapa de sus vidas, tienen sus compromisos económicos planificados. Es un duro impacto para nuestros jubilados, que en muchas instancias, ayudan con el sostén de sus hijos y nietos”, explicó.
Por su parte, el licenciado Roberto Prats también reaccionó sobre el asunto de la reducción de las pensiones.
“Los pensionados están saliendo con el peor resultado porque el gobernador optó por el espectáculo del desafío en vez de la sensatez de la negociación. La negativa de Matosantos de apoyar el Plan Fiscal sugiere que había espacio para más negociaciones sobre este tema. Pero la posición intransigente del gobernador ha provocado este resultado”, dijo Prats en una comunicación escrita.
“Evalentonarse podrá ser cómodo políticamente a corto plazo, pero esa postura habrá que medirla por sus resultados. Hasta ahora, solo ha logrado el peor resultado para los pensionistas. Si al final la JCF logra imponer su plan, el pensionado debe tener claro que la intransigencia del gobernador al rehusar el diálogo impidió que se lograran mejores términos”, agregó.
