SAN JUAN – El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctor Jorge Haddock, manifestó el miércoles, su oposición a que el primer centro docente en la isla se acoja al Título 3 de la Ley PROMESA por considerarlo sumamente peligroso e innecesario.
Haddock indicó que la UPR ha pagado la deuda hasta el momento y no representa un riesgo para la universidad. Por lo tanto, independientemente a la deuda existente, llevar a la universidad a la bancarrota podría provocar la pérdida definitiva de fondos federales para becas a estudiantes, investigación y mejoras permanentes.
“Llevar a la Universidad a la quiebra no es una opción. El Título 3 no solo es innecesario para la UPR, sino que pondría en riesgo el acceso a fondos federales que benefician a la mayoría de nuestros estudiantes. Además, afectaría la acreditación que tanto esfuerzo nos costó obtener y mantener, gracias a las medidas de control y rigor que hemos implementado en tan corto tiempo”, indicó Haddock en comunicación escrita.
“Igualmente se arriesgaría la acreditación que se renovó a 9 meses de que el ingeniero entrara en funciones, gracias a las gestiones que son parte de su plan de trabajo. El Título 3 también representaría un costo adicional excesivo en asesoramiento legal y financiero”, añadió.
Haddock destacó la entrega de los estados financieros antes de la fecha límite como demostración de los cambios que ya se han ejecutado.
“Estamos dando grandes pasos en la dirección correcta. La transformación del primer centro docente avanza sin pausa. Hemos creado una cultura de responsabilidad y cumplimiento, mantenido el presupuesto balanceado y creado un modelo presupuestario nuevo…Sin embargo, la Junta de Control Fiscal (JCF) no lo reconoce porque ya tiene una agenda para la universidad. Han querido forzar el despido de empleados y el cierre de recintos desde el inicio. Esto es contrario a nuestra política pública, y hemos demostrado que podemos alcanzar los resultados sin tener que implementar medidas tan drásticas. Esta estrategia es muy común en universidades en los estados, pero es contraria a la humanidad que carateriza a nuestra isla y cultura institucional”, expresó el presidente.
“El Plan Fiscal realizado y certificado por la JCF no refleja la realidad de la UPR, ni el trabajo que hemos realizado en los pasados dos años. Demuestra el desconocimiento del funcionamiento y la gobernanza de una universidad como la UPR. Las transformaciones, para crear un cambio sostenible a largo plazo, requieren tiempo y un cambio cultural”, puntualizó Haddock, quien ha dedicado más de 4 décadas a la creación de operaciones eficientes y culturas organizacionales sostenibles en múltiples organizaciones educativas, privadas y NGO’s alrededor del mundo.
Haddock detalló que eliminar 10, 300 puestos, como pretende la JCF, “no es factible y mucho menos sostenible ya que afectaría la calidad académica que distingue a la UPR y ha llevado al éxito a nuestros egresados. Más aún, la JCF parece desconocer que el personal administrativo de la UPR cumple con una función valiosa en el apoyo de la docencia y la academia. Además, con todo lo que ha atravesado la isla desde el huracán María, temblores y la pandemia actual, despedir empleados sería sumamente insensible y tendría un impacto en la economía de la isla”.
El presidente señaló que la Junta de Gobierno de la UPR, fiduciaria del Plan de Retiro, ha presentado distintas propuestas para modificar el plan sin cambiar el beneficio de pensión de los jubilados.
Asimismo, Haddock catalogó como irresponsables las expresiones de la Directora de la JCF, ya que inciden en la acreditación y el proceso de reclutamiento de estudiantes. “En este momento que vivimos en Puerto Rico, por la pandemia y la crisis fiscal, la JCF debería evitar añadir incertidumbre que pueda generar desasosiego en nuestra población. Sabemos que están llamados, por la Ley Promesa, a crear responsabilidad fiscal en la Isla, pero hay una responsabilidad social y humana que debe primar en nuestras consideraciones”.
De otra parte,el presidente del principal centro docente de Puerto Rico desmintió que la institución solo haya desembolsado 4 millones de dólares de los fondos Cares. La UPR ha distribuido los fondos en cumplimiento con las instrucciones del Departamento de Educación federal. De los fondos recibidos en la primera fase, ya se han entregado casi 30 millones de dólares a casi 35,000 estudiantes. Ahora, la universidad se dispone a comenzar la segunda fase, para completar el desembolso de los 81 millones de dólares asignados a los 11 recintos de la UPR.
