SAN JUAN – La Oficina del Inspector General (OIG) concluyó el martes que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) otorgó en abril bonificaciones a 65 empleados exentos, incluyendo a la expresidenta de la agencia, sin cumplir con la ley aplicable ni contar con las aprobaciones requeridas.
El informe reveló que el desembolso de 174,105.20 dólares se hizo sin autorización de la Junta Fiscal ni de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, como exige la Ley 26-2017, que prohíbe bonificaciones adicionales a empleados públicos, salvo el bono de Navidad.
El pago fue clasificado por la CEE como un “pago único no recurrente”, basado en criterios de productividad y servicios extraordinarios. Sin embargo, la OIG no halló evidencia objetiva ni documentada que sustentara esos criterios.
También se identificó que pudo haberse alterado una hoja de asistencia para justificar el pago de 9,304.20 dólares a la entonces presidenta de la CEE, quien fue la misma funcionaria que aprobó y distribuyó las bonificaciones.
El informe enfatiza que los incentivos no recurrentes deben estar alineados con el Plan Fiscal y la Reforma del Servicio Público, y que toda compensación variable debe ser aprobada previamente por la Junta Fiscal.
Entre las recomendaciones emitidas al actual presidente de la CEE se incluye la revisión del marco normativo interno, el establecimiento de controles objetivos para los pagos y adiestramientos sobre sana administración para el personal gerencial.
El informe fue referido a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Justicia para que evalúen si corresponde ampliar la investigación o tomar otras acciones conforme a derecho.
