SAN JUAN – La Administración de Seguros de Salud (ASES) aclaró que el nuevo tarifario para laboratorios clínicos que emitió la agencia constituye una recomendación a las aseguradoras que servirá como marco de referencia en sus contrataciones con dichos proveedores. Las recomendaciones buscan estandarizar las tarifas para todas las regiones y eliminar discrepancias que incrementan los costos de operación de MI Salud.
“Acorde con el plan fiscal certificado de nuestra agencia y el Plan para Puerto Rico, hemos tomado medidas dirigidas a implantar una administración adecuada de los recursos disponibles y a contener el incremento en costos para garantizar el acceso a los servicios médicos”, afirmó la directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila. “Una de dichas medidas es el establecimiento de guías para la compensación de proveedores para los servicios que el gobierno federal regula para otros programas tales como Medicare”, agregó Ávila.
Las tarifas recomendadas para laboratorios ya están vigentes para todas las entidades de salud en las 9 regiones de MI Salud. Las recomendaciones no están atadas a los nuevos contratos de ASES con las aseguradoras.
ASES encomendó la preparación de un extenso análisis actuarial para todos los servicios ambulatorios cubiertos por el Plan de Salud del Gobierno. Este análisis tomó en consideración las discrepancias en las tarifas contractuales pagadas a proveedores en las 9 regiones de MI Salud, explicó Ávila. Se utilizaron como puntos de referencia las tarifas prevalecientes en la industria de salud, incluyendo a Medicare y planes comerciales.
“Más de 1,000 laboratorios clínicos prestan servicios a los beneficiarios de MI Salud en toda la Isla. El análisis actuarial que realizamos arrojó que las tarifas pagadas por MI Salud son mayores en muchos casos a las de planes comerciales y el programa Medicare”, señaló Ávila.
ASES ha optado por establecer tarifas guía sin un requerimiento mandatorio, a pesar de que nuevas regulaciones de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés) con efectividad al 1 de julio de 2017 permiten requerir a las organizaciones de manejo de salud, en el caso de Puerto Rico las aseguradoras, adoptar tarifas máximas para los proveedores de servicios bajo contrato.
“Nos reiteramos en que esta medida, al igual que otras que hemos implantado, son necesarias para una mejor administración de nuestro sistema de salud. Nosotros estamos llevando a cabo los procesos de acuerdo a las normas establecidas”, finalizó Avila Marrero.