Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Comisión de Salud del Senado, Ángel «Chayanne» Martínez, denunció hoy que el nuevo reglamento establecido por la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACCA) para el servicio de ambulancia aérea que entra en vigor el próximo 8 de mayo atenta contra la pronta atención y transportación de pacientes que tienen que ser atendidos en una facilidad especializada de acuerdo con su condición médica.
«La vida de nuestros pacientes son una prioridad y es nuestro deber denunciar cualquier situación que podría atentar contra su pronta atención, especialmente, cuando se trata de los servicios de ambulancias aéreas donde cada minuto cuenta y no se pueden colocar trabas al momento de escoger entre ahorrar dinero o salvar una vida», expresó el senador Martínez Santiago en un comunicado de prensa.
El senador radicó la Resolución del Senado 780 para ordenar a las Comisiones de Salud y Nutrición, y de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica del Senado de Puerto Rico, que investiguen la implantación de una nueva política y procedimientos para el uso y pago de una ambulancia aérea, que intenta poner en vigor la ACCA para el próximo mes de mayo, estudiar el uso que se le está dando a este servicio, cómo están operando las compañías que prestan el servicio y la capacidad que tienen para atender emergencias en el archipiélago de Puerto Rico; para establecer la vigencia de la resolución; y para otros fines relacionados.
El propósito de la ACCA es reducir los efectos sociales y económicos producidos por los accidentes de tránsito sobre la familia y demás dependientes de las víctimas, proporciona servicios médico-hospitalarios, servicios quiroprácticos, compensación por pérdida de ingreso que libra a las víctimas de accidentes de quedar en total desamparo y desvalimiento económico, así como compensaciones a los dependientes de víctimas fallecidas en accidentes independientemente de si el conductor enmarca en algunas de las exclusiones de la Ley 138.
“Nos ha llegado información de que en aras de reducir los pagos que se hacen por los servicios de ambulancias aéreas y alegadamente por la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico, se pondrá en vigor una nueva política y procedimientos para el pago por el uso de las ambulancias aéreas. Específicamente, se nos ha indicado que a partir del 8 de mayo de 2014, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles reducirá sustancialmente los pagos a las empresas que ofrecen estos servicios; incluso al punto en que sea imposible para realizar una operación costo-eficiente de estos servicios”, indicó el también expresidente de la Comisión de Salud del Senado.
«Según se nos ha informado, este nuevo protocolo podría tener el nefasto efecto de colocar la responsabilidad de decidir quien recibe o no recibe este servicio en manos de una sola persona, para todo Puerto Rico, lo cual podría tener efectos devastadores en el manejo de los casos; especialmente si ocurriera una catástrofe que requiriera que cientos, tal vez miles de personas, requirieran este tipo de servicio de transportación aérea», puntualizó Martínez.
Además, en este nuevo protocolo la decisión si se usa o no el servicio, si se paga o no por el servicio, recaerá en el Cuerpo de Emergencias Médicas. Por lo que la decisión de si se transporta o no en ambulancia aérea a una víctima de un accidente queda fuera de las manos de los médicos de las instituciones hospitalarias receptoras y se delega en la persona que esté a cargo en el Cuerpo de Emergencias Médicas.
«El problema principal del protocolo es que pone la decisión sobre la vida de las personas en una sola agencia, obviando la capacidad profesional de los médicos en escena, en instalaciones de salud y en Centro Médico, de tomar esas decisiones», expresó Martínez Santiago.
