SAN JUAN – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, dijo el miércoles, que no le sorprende los hallazgos contenidos en un informe sobre irregularidades en cierres de escuelas en la región educativa de Humacao.
“No nos sorprende para nada los hallazgos en el informe de la Contraloría de Puerto Rico sobre las irregularidades y violaciones de leyes en los cierres de escuelas. Venimos luchando contra los cierres desde la pasada administración. En esta ocasión se trata de la región de Humacao, pero sabemos que ocurrió de la misma manera en todas las regiones. Nosotros lo denunciamos muchas veces y de forma pública expresamos que esos cierres y consolidaciones de escuelas se llevaron a cabo de manera atropellada e insensata, tanto en la administración pasada como en esta administración. Hoy la Contralora de Puerto Rico nos da la razón y la AMPR lo evidenció en la Comisión de Derechos Civiles y demostramos que el DE falló en todos los procesos. Cuando fuimos a los tribunales, la secretaria Keleher llevó su reclamo al Supremo para desautorizar las sentencias dictadas por los tribunales regionales. Con esta noticia se ratifica que nuestros reclamos eran auténticos, aunque estamos claros que estos hallazgos no recogen el daño sufrido por la comunidad escolar, en especial los estudiantes”, dijo Díaz en comunicación escrita.
La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Región Educativa de Humacao del Departamento de Educación (DE) que señala desviaciones de ley y de reglamentación en el proceso de cierre o consolidación de escuelas.
Así lo informó la contralora, Yesmín Valdivieso, al divulgar el informe DA-19-29.
“De una muestra de las 84 escuelas consolidadas se encontró, que luego de estar cerradas hasta por más de un año, todavía tenían conectados uno o ambos servicios de agua y energía eléctrica. Por estos servicios el DE había pagado 167 mil 747 dólares al 8 de noviembre de 2018”, dijo Valdivieso en declaraciones escritas.
Indicó que la auditoría de un hallazgo señala que una de las escuelas mantenía dos cuentas bancarias abiertas por 11,990 dólares. Esta situación es contraria a las Directrices para el Cierre de las Cuentas Bancarias de las Escuelas Intermedias Incluidas en el Rediseño y Consolidación emitida el 2 de junio de 2017, según indicó la funcionaria.
“Nuestros auditores observaron la falta de protección a la propiedad pública y a los documentos que contienen información sensitiva. Por ejemplo, tres escuelas cerradas habían sido vandalizadas e invadidas; una de ellas, cercada con alambres, tenía ganado y un caballo en el patio”, agregó.
Asimismo, detalló que otras escuelas cerradas tenían equipo como “laptops”, impresoras, televisores, pizarras electrónicas, equipos de laboratorio, y otros abandonados y sin cuantificar. Una de las escuelas, mantenía los expedientes de estudiantes y del personal con datos sensitivos como números de teléfono y de seguro social, nombres, direcciones y, diagnósticos y tratamientos de estudiantes de educación especial.
La contralora agregó que “el Departamento de Educación no había actualizado en el Sistema de Información Financiera (SIFDE), el inventario de seis escuelas cerradas a pesar de haber transcurrido más de 10 meses desde sus cierres. Estas escuelas tenían registrado en el SIFDE, 4,938 unidades de propiedad por 725,621 dólares. Esta situación ocasiona que el inventario de la propiedad esté sobrevalorado”.
Según Valdivieso, la auditoría reveló también que contrario a la reglamentación vigente, la escuela Fernando Roig en Las Piedras, designada como Centro para conservar los expedientes, también conocido como centro de récord, no tenía un sistema de clasificación y archivo de documentos. El Centro no cuenta con inventario de documentos, ni personal para realizar las funciones de un archivero. Los expedientes estaban en cajas colocadas en el piso, algunos con acumulación de hongos y polvo en suelos inundados.
“Las situaciones comentadas en el Informe obedecieron a que los directores escolares no cumplieron con su responsabilidad y a que las Cartas Circulares del año fiscal 2018 no contaban con disposiciones claras sobre los procesos de cierre y consolidación de escuelas’, dijo la funcionaria
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
