| (Foto/Centro de Periodismo Investigativo) |
Luis Valentín Ortiz
Centro de Periodismo Investigativo
Antes de que se firmara PROMESA.
Más de 3,100 páginas de correos electrónicos y sus anejos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) muestran el proceso informal que siguió el Gobierno de Estados Unidos cuando escogió a los primeros siete miembros de la Junta de Control Fiscal.
El proceso, que comenzó más de tres meses antes de la aprobación de la ley PROMESA el 30 de junio de 2016, fue liderado por una veintena de funcionarios del Departamento del Tesoro de EE.UU. y de la Casa Blanca durante la administración del presidente Barack Obama, quienes escogieron y recomendaron candidatos sin criterios de selección claramente definidos.
En total, se consideró a más de 115 personas durante la primera ronda de nombramientos, reveló el Tesoro al CPI, como parte de una demanda bajo la Ley de Libertad de Acceso a la Información (FOIA, en inglés), contra la agencia federal que continúa activa.
El 30 de agosto de 2016, más de un mes después del plan original, Obama nombró a los primeros siete miembros de la Junta: José Carrión, Carlos García, José Ramón González, Ana Matosantos, Arthur González, David Skeel y Andrew Biggs.
A siete años de esa primera ronda de nombramientos a la Junta, el Tesoro ya no tiene el control que tenía de la entidad, ni tampoco lidera el proceso de selección de sus miembros, como al inicio.
La administración del actual presidente Joseph Biden, tras el nombramiento reciente de Juan Sabater, tiene la oportunidad de llenar otra vacante y de reemplazar, si desea, a cualquiera de los otros cinco miembros actuales. De hacerlo, podría cambiar el balance ideológico de la Junta, en año de elecciones y con mayoría demócrata en el Senado.
El CPI cuestionó al Tesoro y a la Casa Blanca sobre cuál es el proceso que están siguiendo para los nuevos nombramientos y qué criterios toman en consideración a la hora de evaluar candidatos, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Varios de los miembros originales de la Junta también fueron contactados por el CPI con preguntas relacionadas a sus nombramientos, pero no se recibió respuesta de ninguno.
Aunque no se solicitó una reacción a la Junta, la entidad rechazó hacer comentarios por medio de su director de comunicaciones, Matthias Rieker.
Actualmente, la Junta está compuesta por tres republicanos, Skeel, Biggs y John Nixon, y tres demócratas, Arthur González, Betty Rosa, y el recién nominado Juan Sabater.
A principios del 2017, el CPI solicitó al Tesoro todas las comunicaciones relacionadas a la evaluación y selección de los miembros de la Junta, un proceso a puertas cerradas del que se conoce muy poco. Más de cinco años después, la agencia entregó 3,188 páginas, la mayoría de ellas completamente tachadas.
La agencia rechazó revelar el nombre de los candidatos evaluados pero no seleccionados ya que, según argumentó ante el tribunal, esto representaría a estas personas un bochorno (“embarrassment”) a nivel profesional y daño reputacional. El bochorno sería tan grande que representaría una violación indebida a su intimidad, alega el Tesoro.
La agencia federal añadió que la Junta “ha encontrado una desaprobación significativa en Puerto Rico” y que continúa siendo “profundamente impopular”.
El caso del CPI contra el Tesoro aún está pendiente de una decisión del tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York sobre la confidencialidad de los nombres de aquellas personas evaluadas, pero no seleccionadas para estar en la Junta.
Pero para cuando se aprobó la ley, el Tesoro y la Casa Blanca llevaban desde abril del 2016 barajando nombres para la Junta, según se observa en los correos entregados. El grupo preparó y compartió listas de candidatos a la Junta a partir de recomendaciones de distintas fuentes que ahora se conocen: desde políticos demócratas y republicanos, hasta grupos de bonistas, sindicatos, el gobernador Alejandro García Padilla y el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi, y personas con conexiones en el Gobierno federal.
Como parte del caso del CPI, el Tesoro admitió que solicitó nombres de “otros grupos interesados” y dijo que aunque la decisión final venía de los líderes congresionales, la agencia les sugirió nombres para sus listas y les dijo a quiénes debían incluir y a quiénes no. Describió el proceso de deliberación como uno de “naturaleza única”, mediante el cual intercambiaron opiniones “cándidas”, que aparecen tachadas, y evaluaron “los méritos relativos” de distintos candidatos.
La agencia identificó cuatro preguntas guía — “framing questions” — que orientarían la evaluación de candidatos: si los candidatos estaban “asociados con Puerto Rico”, ya sea viviendo en la isla o en la diáspora; qué rol tendrían otras partes interesadas, o “outside stakeholders”, en el proceso de selección; cuál debía ser la perspectiva general entre los candidatos para “balancear los intereses en conflicto” por PROMESA; y cómo manejar conflictos de interés, y si surgía alguno, cuáles podrían permitirse (“waive”).
Ya para el 25 de julio de 2016, el Tesoro tenía una lista que identificaba a todos los miembros originales de la Junta, con excepción de García. Una lista “final” que muestra a seis de los siete candidatos que fueron nombrados circuló el 22 de agosto de 2016. García tampoco aparece en este documento.
