SAN JUAN – Ante el comienzo de las vistas públicas sobre el tema, la portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, advirtió el domingo que los cambios propuestos al Código Penal solo bajarían las penas y echarían a la calle a los delincuentes.
“Los avances en la justicia logrados tras casi dos años de vigencia, serán tirados a un lado para dar paso a unas enmiendas que vienen a cargar más al Ministerio Público y a desatender a las víctimas de delito”, dijo González Colón en un comunicado al recordar que el Código Penal de 2012 pasó por un amplio proceso de análisis.
Según la legisladora, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), tanto en Cámara como en Senado, presentaron medidas que pretenden introducir cambios sustanciales en el Código Penal de 2012. Las medidas, el Proyecto de la Cámara 2155 y el Proyecto del Senado 1210, fueron referidas a la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la Revisión Continua del Código Penal y de la Reforma de las Leyes Penales.
“Nos preocupa seriamente el alcance de los cambios recomendados, tanto en la parte general como en la parte especial del Código, pues creemos que se obvia la naturaleza de la conducta en la mayoría de las propuestas y el impacto que ello tendría en las víctimas de delito”, expresó González Colón.
Sobre la reducción de penas en los delitos contra la vida y contra la libertad como lo es el secuestro, así como derogar los delitos que pretenden proteger a los ancianos, la portavoz indicó que sería improcedente. Enfatizó a su vez, que para la delegación del PNP es de suma importancia que se escuche la posición de las entidades que agrupan las víctimas de delito, para que se conozcan las consecuencias del crimen a corto y a largo plazo.
Indicó que en el artículo sobre “Principio de Personalidad” se elimina el que el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad. El consentimiento de la víctima en casos relacionados con la propiedad, sin lugar a dudas, elimina el elemento de intención pero en casos de delitos contra la integridad corporal y la indemnidad sexual, el consentimiento pudiera darse por razones extrínsecas como la presión psicológica. Dijo que de aprobarse este cambio, pudiese conllevar una nueva carga sobre el ministerio público pues al levantarse la defensa del consentimiento, comenzaría un mini-juicio sobre las circunstancias de ese consentimiento.
Por otro lado, alegó que en los artículos sobre “Clasificación de Delitos” y “Delito sin Pena Estatuida” se elimina la discreción de que el Tribunal puede imponer conjuntamente las penas de reclusión y de multa.
“Esta propuesta es un contrasentido con lo dicho por los miembros del PPD. Por un lado dicen que se debe devolver al Tribunal la discreción para imponer penas dentro de un máximo y un mínimo; sin embargo, se pretende quitar la discreción para decretar una combinación de penas”, añadió la expresidenta de la Cámara de Representantes.
Además, la legisladora denunció que se propone eliminar el artículo sobre “Caso Fortuito” y sustituirlo por uno titulado “Conducta Insignificante” a los fines de eximir de responsabilidad penal cuando la conducta no amerite procesamiento ni pena. “Con esto se podría dejar en la calle a sinnúmero de delincuentes pues no se establecen parámetros para determinar si una conducta es insignificante. Tampoco se incluye una definición concreta sobre el concepto, por lo que esto es ambiguo en su totalidad”, señaló.
Entretanto, en el artículo de “Incapacidad Mental” se elimina la necesidad de que el imputado de delito evidencie tal incapacidad y que se elimina el artículo sobre “Destitución de Cargo o Empleo Público” que provee la destitución de todo empleado público que cometa un delito en el desempeño de sus funciones. En su lugar, se sustituye el artículo por “Restricción Terapéutica”. Además, González denunció que se elimina la obligatoriedad de revocarla en casos de muertes ocurridas al conducir un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas.
Sobre el artículo de “Imposición de la Sentencia” se pretende eliminar el que la sentencia incluya una pena por término fijo según dispone la ley. Con esto se pretende regresar a un sistema de penas similar al contenido en el Código Penal de 2004 que contenía márgenes amplios y permitió que se dictaran sentencias por los mismos delitos, en circunstancias similares, pero inconsistentes entre sí. Ello no abonó a la confianza que el pueblo debe tener en el sistema de justicia. Con relación a la reincidencia, se proponen cambios que harían más condescendiente la aplicabilidad del artículo. El individuo reincidente, por su naturaleza delictiva, es aquel que represente un mayor peligro para la sociedad, por lo que la administración de la justicia debe ser más severa. Sin embargo, se propone reducir a la mitad el efecto de la reincidencia.
Sobre la “Extinción de la Acción Penal”, la representante dijo que se introduce un cambio nunca antes visto en Puerto Rico. Tanto el Código Penal de 1974 como los de 2004 y 2012 incluían como causas de extinción de la acción penal: muerte, indulto y prescripción. Sin embargo, ahora se pretende incluir el “archivo por razón de legislación que así lo disponga”.
De igual manera, detalló se propone reducir los términos para cualificar para Libertad Bajo Palabra. “Esta disposición podría devolver a los criminales a nuestras calles, en perjuicio de las víctimas de delito, sin que el victimario haya cumplido la pena debida”, advirtió González Colón.
(CyberNews)