Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- Una auditoría de la oficina de la Contralor, Yesmín Valdivieso, divulgada hoy reveló dos hallazgos sobre las operaciones relacionadas con las pensiones y otros beneficios de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) de los Empleados del Gobierno y la Judicatura entre el 1 de julio de 2004 al 31 de diciembre de 2013.
Según Valdivieso, en este undécimo informe la opinión es favorable excepto con la utilización de fondos del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno para cubrir deficiencias de flujo de efectivo del Sistema de Retiro de los Empleados de la Judicatura y liquidación de inversiones realizadas sin la aprobación de la Junta, así como el incumplimiento de ley y de reglamentación relacionado con las deudas de patronos.
“La situación comentada propicia que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno no cuente con los fondos necesarios para cumplir con sus compromisos actuariales, esto en perjuicio de los pensionados y los participantes del Sistema. Además, esto puede ocasionar que la ASR tenga que disponer de otros fondos para poder cumplir sus obligaciones, lo cual contribuye a agravar la situación financiera del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno. Por otro lado, el tiempo durante el cual la ASR no contó con dichos fondos, le privó de la alternativa de utilizar los mismos para generar beneficios al Sistema”, indica la auditoría sobre las consecuencias de los señalamientos.
En relación al primer hallazgo, el informe detalla que “para los años fiscales del 2004-05 al 2013-14, los funcionarios que actuaron como administradores utilizaron fondos por $21.6 millones del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno para fines distintos a los autorizados por ley”.
El documento detalla que durante ese período, los funcionarios autorizaron el desembolso de los fondos mencionados pertenecientes al Sistema de Retiro para cubrir gastos del Sistema de Retiro de la Judicatura.
“Determinamos que $10.2 millones de los $21.6 millones fueron pagados al Departamento de Hacienda para cubrir una deuda que el Sistema de Retiro de la Judicatura mantenía al 30 de junio de 2008 con dicho Departamento. Esta deuda era por concepto de sobregiros en la nómina de pensionados. El examen reveló, además, que la Junta tuvo conocimiento y permitió el uso de los mencionados fondos”, indica la auditoría.
Agrega que en un reunión del 2 de abril de 2008, la Junta aprobó enviar una comunicación al juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, para evaluar alternativas que proveyeran los fondos suficientes para pagar las pensiones del Sistema de Retiro de los Empleados de la Judicatura, y requerirle el pago de la deuda acumulada con el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno.
Por otro lado, el documento señala que el 28 de junio de 2010, a solicitud del entonces administrador, la Junta aprobó una liquidación por $25 millones de las inversiones del Sistema de Retiro de la Judicatura para pagar la deuda acumulada a dicha fecha con el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y una deuda con el Departamento de Hacienda acumulada del 1 de julio de 2008 al 28 de junio de 2010.
Entretanto, la auditoría indica que del 27 de junio de 2012 al 26 de junio de 2013, el entonces administrador autorizó liquidaciones por $16.9 millones de las inversiones del Sistema de Retiro de la Judicatura sin referirlas para la aprobación de la Junta y que dichas inversiones se liquidaron para cubrir sobregiros con el Departamento de Hacienda por el pago de las pensiones.
Por otra parte, el examen de estas operaciones reveló que, al 15 de octubre de 2013, el administrador no había interpelado a 32 patronos con deudas por $17 por concepto de aportaciones individuales y patronales, aportaciones a programas de retiro temprano e intereses por morosidad.
Además, indica que del 19 de febrero al 30 de septiembre de 2013, el administrador otorgó planes de pago por $15 millones a 11 de los patronos morosos. El examen realizado reveló que la ASR no le aplicó la tasa de interés del 7.5 por ciento a la deuda incluida en dichos planes de pago. Esto representó ingresos dejados de cobrar por $1.1 millón.
