SAN JUAN – La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario dijo el miércoles que investigan versiones de que el exdirector del Sistema de Emergencias 9-1-1, Héctor Torres Calderón supuestamente le pidió dinero a empleados de esa dependencia para restituir los fondos con los que se le pagó el sueldo a una empleada que tuvo que ser relevada por ser pariente de otro empleado.
“Él nos certificó que lo había devuelto (el dinero). Nosotros estamos entonces corroborando que esa expresión que el hizo es cierta”, dijo Rosario en un encuentro informal con la prensa.
Mencionó que Torres Calderón envió un correo electrónico dirigido al área de asesoramiento de la OEG en el que certificaba la restitución del dinero. Sin embargo, hay alegaciones de que el también exrepresentante, le solicitó dinero a otros empleados para poder sufragar la devolución.
“Leímos un artículo publicado en el que hacen una relación de unas supuestas exigencias de dinero a los empleados para sufragar la devolución del dinero que erogó el nombramiento, porque eso tenía que venir de su bolsillo. Ni si quiera de la empleada. De su bolsillo, porque la autoridad nominadora es la que tiene la responsabilidad”, admitió Rosario.
“¿De dónde provino ese dinero?, no lo sé. Eso está bajo investigación. ¿De dónde el obtuvo el dinero? La oficina no se va a meter en eso, salvo que haya unas alegaciones de que como parte de ese proceso él le exigió dinero a sus empleados”, explió Rosario.
Detalló que este caso inició cuando el entonces director del Sistema de Emergencias 9-1-1, quien renunció recientemente al cargo, solicitó una consulta a la OEG sobre el nombramiento de una empleada que tenía parentesco con otro empleado. Precisó que Torres Calderón tenía que justificar que la nombrada era la persona idónea para ocupar el puesto, para que entonces la OEG autorizara el nombramiento.
“Durante el proceso de nosotros evaluar nos percatamos de que ellos ya habían traído a la persona sin la autorización de la oficina. Así que activamos uno de los artículos de la ley que nos da la potestad, la ley 1 de 2017, de declarar nulo ad inicio el nombremaiento y exigir la restitución de todos los fondos que fueron erogados como secuencia de ese nombramiento”, afirmó la funcionaria.
Rosario dijo que solicitó toda la información sobre la cantidad de dinero en cuestión y el tiempo que la empleada estuvo trabajando en el Sistema del 9-1-1.
De ser ciertas, las alegaciones y que se confirmen violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, la OEG procede con la radicación de una querella para que un oficial examinador la evalúe.
“Nunca nos imaginamos que una stuación que se manejó como una consulta llegara a estos extremos. Así es la vida. Nosotros estamos curaos de espanto”, conlcuyó Rosario.
