EL CAPITOLIO- Las Comisiones Camerales de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza junto con la de Asuntos de la Mujer y Equidad iniciaron hoy vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 965, que investiga el cumplimiento de la “Ley para el Desarrollo y la Implantación de la Política Pública para la Niñez Temprana” por parte de las autoridades gubernamentales.

La presidenta de la Comisión, Luisa “Piti” Gándara, enfatizó que es necesario conocer a fondo si la mencionada ley cumple su propósito para proteger los derechos del recién nacido y la madre al momento del parto ante la alta tasa de cesáreas que se practican en la Isla. Igualmente, mencionó que la cifra de cesáreas en Puerto Rico alcanza el 48.2 por ciento, según cifras ofrecidas por el Departamento de Salud. La Organización Mundial de la Salud, recomienda que este por ciento sea de un 11 a un 15.

“Vamos a velar, no solo si la ley se implementa, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que estas leyes se cumplan. Tenemos que garantizarle a nuestros recién nacidos y a sus madres los derechos que la ley provee. Ya que tiene un impacto directo sobre el desarrollo y salud de ese niño”, sostuvo Gándara Menéndez en un comunicado de prensa.

Javier Morales Nazario, del programa SePARE, auspiciado por el Municipio de Vega Baja, que educa a las mujeres embarazadas sobre sus derechos, señaló que este proceso de cesárea es “una cirugía mayor para atender o prevenir complicaciones durante la gestación, aumenta tres veces la posibilidades de morbilidad para la mamá y el bebé versus los que nacen por un parto vaginal”.

El deponente señaló, además, que el alto número de cesáreas es resultado de la práctica de gran parte de los proveedores de salud de planificar las intervenciones en un solo día, lo que para ellos es favorable en términos económicos.

Recomendó mayor orientación a las mujeres gestantes sobre sus derechos al momento del parto y evaluar los protocolos de las instituciones hospitalarias en los procesos de parto y ordenar que se enmienden para que cumplan con esta ley.

Mientras que Hilda Guerrero y Tania Silva, educadoras perinatales de la organización Inne-Cesárea, que asisten en el proceso de parto como doulas, señalaron que “la violencia en las salas de partos y consultorios constituye una de las violaciones institucionalizadas más viles que aqueja de nuestro País”, por lo que recomendaron un plan integral para atender las disparidades en salud materno infantil.

De otro lado, Wanda Vázquez Garced, procuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), respaldó las expresiones de Guerrero y Silva, al señalar “que el problema más serio es que las mujeres se sienten engañadas, ya que, de ordinario, se dan por enteradas de la cesárea cuando se inicia el trabajo de parto en el hospital”.