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SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, firmó el martes la Resolución Conjunta del Senado 240 que establece una moratoria en la crudita a la gasolina y al ‘diesel oil’ por un periodo de 45 días.
“Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones, se ha visto afectado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Estoy firmando esta medida con el fin de aliviar, aunque sea de manera temporera, el impacto en el bolsillo de los ciudadanos por los aumentos reflejados en el precio del petróleo y el ‘diesel oil’, y lo hago con fuentes de repago debidamente identificadas. Tanto Hacienda como DACO deberán asegurarse de que el ahorro en el arbitrio al crudo llegue hasta el consumidor y en los próximo 15 días o antes, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, deberá informar el cumplimiento con todas las gestiones realizadas para reducir el impacto de este arbitrio a la población”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.
Al darle paso a esta Resolución, Pierluisi instruyó al Departamento de Hacienda a suspender temporalmente, hasta un tope de 25 millones de dólares, en el agregado al arbitrio a la gasolina y al ‘diesel oil’ que será aplicable a inventario existente y disponible. Por su parte, la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) deberá declarar un dividendo extraordinario de 50 millones de dólares de su reserva de capital acompañado de una contribución especial de un 50 por ciento. Por lo tanto, la ASC remitirá 25 millones de dólares al Fondo General en o antes del próximo 30 de junio, que serán utilizados para compensar la pérdida de recaudos que generará la suspensión temporera del arbitrio a la gasolina y al “diesel oil”.
Mientras, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) mantendrá vigente, durante la moratoria, una orden de prohibición de aumentos de los márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diesel. La moratoria se pudiera extender por 45 días adicionales, siempre y cuando se realice un estudio económico y se identifiquen los recursos para la neutralidad de ingresos.
Otra pieza legislativa que el gobernador Pierluisi firmó es el Proyecto de la Cámara 326 que crea la Ley de Uniformidad en la Venta, Distribución y Despacho de Gas Licuado en Puerto Rico. El proyecto legislativo, que fue avalado por el DACO, ordena a toda empresa de gas licuado a utilizar los servicios de un Pesador Público Autorizado (PPA) para determinar la TARA y el peso neto del producto. También, que el llenado de envases de cilindros se atenderá de conformidad con la normativa federal aplicable y el Reglamento Negociado de Transporte y Servicios Públicos.
En temas de salud, Pierluisi convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 796 a los fines de eliminar el requisito de ser miembro del Colegio Americano de Medicina de Emergencia en la definición de “médico control”. De esta forma, se permitirá que un médico generalista pueda ser considerado para ejercer como “médico control” que según la ley es aquel que está licenciado en Puerto Rico y se especializa en Medicina de Emergencia o es un médico licenciado que ha aprobado cursos en Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Advanced Trauma Life Support (ATLS) Pediatric Advanced Life Support (PALS).
También, con la firma a esta medida legislativa se aumenta de tres a cinco los años de experiencia con los servicios de emergencias médicas que debe contar un médico asesor que se encuentre en una institución académica que ofrezca alguno de los cursos o grados académicos de Técnico de Emergencias Médicas. Asimismo, declara una moratoria de dos años para la implantación de los nuevos requerimientos para los Técnicos de Emergencias Médicas Básico y Técnicos de Emergencias Médicas Paramédico.
Por último, el gobernador vetó el Proyecto de la Cámara 931 que eximiría del pago de toda clase de derechos, aranceles, contribuciones e impuestos, al Colegio de Notarios de Puerto Rico, al Fondo de Acceso a la Justicia, así como a toda entidad de acceso a la justicia.
En una carta enviada a los presidentes de Cámara y Senado, el primer ejecutivo dijo que la intención de la medida es loable, pero conforme fue expresado por la Oficina de la Administración de Tribunales de la Rama Judicial esta pieza legislativa puede tener un impacto en los recaudos y los ingresos del Fondo Especial de dicha rama de gobierno, cuya base se pretende reducir con la exención propuesta.
“Estos fondos ya están comprometidos para el pago de otras obligaciones que son, precisamente, para cubrir los servicios de representación legal a personas de escasos recursos, lo que incluye el pago de aranceles para la interposición de recursos ante los tribunales. Estando los fondos en cuestión comprometidos, los mismos no se encuentran disponibles para adelantar el propósito de la medida”, detalló el gobernador.
