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SAN JUAN – El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó la Orden Ejecutiva 2023-023 para ordenar la creación de un Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia.
“En estos últimos días hemos sido testigos de inaceptables incidentes de violencia, los cuales no reflejan la fibra moral de nuestro pueblo puertorriqueño. A pesar de que se han reducido los asesinatos y los delitos tipo 1 por segundo año consecutivo, es esencial que nuestra sociedad se levante contra la violencia de todo tipo y que nos unamos para prevenirla y combatirla, pues no queremos perder ni una vida más producto de la violencia. Son muchos los esfuerzos que realiza el gobierno a estos fines, tanto desde la perspectiva de ley y orden como de la promoción de respeto y equidad en el trato entre todos y todas. A sabiendas de que necesitamos hacer mucho más, en mi Mensaje de Estado de este año anuncié que estaría presentando una iniciativa multisectorial uniendo los esfuerzos de los departamentos de Familia, Educación, Seguridad Pública, Corrección, Salud, Desarrollo Económico y Vivienda junto a todos los sectores de nuestra sociedad, para establecer una política pública abarcadora que busque atender las raíces del crimen y la violencia”, sostuvo el gobernador.
El primer ejecutivo explicó que “la Orden crea un Comité Asesor para ayudar a liderar el desarrollo del Plan Integral, así como su redacción. Asimismo, se llevará a cabo un Congreso Multisectorial de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia que convocará a todos los sectores de nuestra sociedad para formar parte de este esfuerzo”.
La licenciada María del Carmen Muñoz se desempeñará como la directora ejecutiva encargada de los aspectos administrativos del Plan Integral y será responsable de monitorear el cumplimiento con las disposiciones de la Orden Ejecutiva y la implementación de dicho plan. Mientras, el Comité Asesor estará compuesto por representantes de los diferentes sectores representados en las Mesas de Trabajo, que se dividirán en las siguientes ocho áreas: Familia, Ley y Orden, Educación, Organizaciones sin fines de lucro y Base de Fe, Salud, Comunidad y Vivienda Pública, Empresa Privada y Medios, y la Academia.
El Congreso tiene como propósito buscar el intercambio multisectorial de información sobre la prevención de violencia; identificar recursos a movilizar; identificar los objetivos y estrategias a corto y largo plazo; fortalecer y desarrollar capacidad institucional y de recursos humanos; establecer un marco de investigación sobre la prevención de violencia; promover programas de bienestar social; mejorar la captación integrada de estadísticas para informar las estrategias a realizarse; e integrar esfuerzos relacionados, tales como la Comisión de la Pobreza, las iniciativas de PARE contra la violencia de género, y otros proyectos vigentes. Previo al Congreso, la directora ejecutiva y el Comité Asesor convocarán a todos los sectores de nuestra sociedad para reunirse en mesas de trabajo que promuevan el diálogo y el consenso, y establezcan pasos y estrategias a seguir, buscando mejores prácticas y ejemplos probados.
“Una vez se realicen los encuentros y se lleve a cabo el Congreso Multisectorial de Reconstrucción Social y Prevención de Violencia, se redactará la propuesta del Plan Integral para mi revisión. Mi expectativa es que ese borrador inicial pueda estar listo en o antes de 90 días, por lo que en cuanto realice los nombramientos correspondientes del Comité Asesor, deberán comenzar los trabajos de las mesas multisectoriales. La meta es propiciar una discusión amplia y abarcadora para que todos podamos ser parte de las estrategias a favor de una sociedad de respeto, que valore la dignidad humana y promueva la sana convivencia”, añadió Pierluisi sobre la iniciativa que fue diseñada en conjunto con la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche.
El gobernador enumeró las distintas estrategias que ha implementado su administración para atender la violencia, tales como la asignación de mayores fondos al sector de salud mental, incluyendo mejorar la cubierta del Plan Vital, fomentar una educación transversal de equidad y respeto y la implementación del modelo SARA en los esfuerzos contra la criminalidad, que incluyen impactos comunitarios a través de toda la Isla. Además, se aumentaron los programas de rehabilitación en las instituciones correccionales para promover la reinserción productiva de los confinados y se realizan diversas campañas de medios para propiciar la sana convivencia entre nuestra gente. De igual modo, las iniciativas del Estado de Emergencia por violencia de género están impactando las políticas del gobierno a todo nivel y están llegando a todos los municipios de la Isla.
“La violencia no discrimina, pues es un problema complejo, con raíces diversas, y para prevenirla no existe una sola solución o acción, sino que tenemos que atacarla por todos los frentes. Cada acto de violencia afecta a todo su entorno, impacta familias y comunidades, y deja cicatrices en la vida de nuestra ciudadanía que perduran para siempre. Como pueblo aspiramos y promulgamos una sociedad en la que la dignidad del ser humano es inviolable y el respeto a la vida tiene que ser nuestra más alta prioridad”, enfatizó el primer ejecutivo.
