SAN JUAN – La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez informó el martes, que el pasado 21 de noviembre, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra 32 personas por supuesta conspiración para distribuir sustancias controladas en el municipio de San Juan.
“Esta operación demuestra cómo los encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal, estatal y local están trabajando como uno solo para perseguir a los grupos criminales y sus asociados. Todas estas agencias trabajarán sin descanso para proteger nuestras comunidades y sostener a aquellos que amenazan nuestra seguridad y rendirán cuentas por sus acciones”, dijo Rodríguez Vélez, en declaraciones escritas.
“Vamos a seguir para llevar a cabo investigaciones con nuestros homólogos para desmantelar estas organizaciones criminales y para enviar un mensaje claro de que las drogas, armas de fuego, y la violencia no serán tolerados en nuestros vecindarios”, añadió.
Explicó que, la acusación alega que a partir de o hacia el año 2011, la organización distribuida crack, heroína, cocaína, marihuana, oxicodona (comúnmente conocido como Percocet) y alprazolam (comúnmente conocido como Xanax) todo dentro de 1,000 pies de la propiedad de bienes que comprende el Residencial San Fernando, una escuela y un parque infantil en el municipio de San Juan, todo por el beneficio económico significativo.
Detalló que, los 32 acusados actuaron en diferentes papeles con el fin de promover los objetivos de su organización, a saber: los líderes, propietarios de puntos de drogas, ejecutores, corredores, procesadores de drogas, vendedores y facilitadores. Trece de los acusados se enfrentan a un cargo de posesión de armas de fuego para el avance del crimen de tráfico de drogas. Todos los acusados se enfrentan a una acusación de narcóticos confiscación de diez millones de dólares.
Según la acusación, los acusados y sus cómplices que a veces orden o forzar a ciertos vecinos de San Fernando PHP a abandonar sus hogares. Los residentes que eran sospechosos de cooperar con la policía o de comunicarse con organizaciones rivales de tráfico de drogas se les ordenó abandonar sus apartamentos. Lo mismo ocurrió con los residentes del PHP que no pudieron pagar la “renta” adecuada a las líderes de alto nivel de la organización de tráfico de drogas, y obedecer las reglas implementadas por el liderazgo de la organización de tráfico de drogas.
Los acusados son: Yamil Hernández García, alias “Gongi” / “Yamil García”; Héctor Daniel Hernández Osorio, alias “Cachete” / “Cachete El Flaco”; Julio Ángel Martínez Rivera, también conocido como “Ángel” / “Ciego”; Gabriel Caballero Fuentes, alias “Gaby” / “negro”; Francisco Hernández Torres, también conocido como “Gordo Pelati”; Jamilet Hernández García, alias “Yami”; Christopher Saez Quiles, también conocido como “Troky” / “Perla”; Jean Carlos Martínez Rivera, alias “Jean”; Alexander Olivieri Nieves, también conocido como “Ponsi” / “Fonsi”; Adames Pérez Sánchez, alias “Gordo” / “Bollo”; Ángel Giovani Martínez Rivera, alias “Giova”; Melvin Caballero Fuentes; Eddie Cintrón Hernández, alias “Menor”; Edwin Joel González Gómez, alias “Joel”; Wagner Javier Rojas Batista; D. Luis Pérez Plaza, también conocido como “Danny Peca”; Ángel Hernández Acevedo, también conocido como “peluquero”; Dan José Rodríguez-Laracuente; Francisco Santana-Díaz, también conocido como “Frank”; Sonia Sánchez Algarín, también conocido como “Caru”; José Agosto Llópiz, también conocido como “Nalgas”; Harry Agosto Llópiz, también conocido como “Willy”; Carlos Moisés González Almestica, también conocido como “Mueca”; Emmanuel González-Maldonado, también conocido como “Che”; Ángel Miguel Ruiz-García, alias “Mono”; Kevin Berríos Concepción; Jesús Ramos Tirado, también conocido como “Memo”; Millies María Beltrán Pérez, también conocido como “Millie la shorty”; FNU Lnu, también conocido como “Landy” / “Ángel Velazco”; Rosa Linda Andradez Burgos, también conocido como “Linda”; Carol Hernández Pagán; y Carlos Santin Avellanet, alias “Carly”.
“La eliminación de los delincuentes violentos de las calles y el desmantelamiento de las bandas violentas son las mejores contribuciones, más eficaces que la Policía puede hacer en este momento con el fin de ayudar a Puerto Rico a recuperarse de los recientes desastres naturales”, dijo Douglas Leff, agente especial a cargo del FBI, en la isla.
“En el operativo exitoso de hoy, el FBI trabajó de la mano con nuestros compañeros de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, Departamento de Policía de Puerto Rico, Departamento de Policía de San Juan, y el Departamento de Corrección de Puerto Rico”, añadió.
La fiscal federal adjunto Vanessa Bonhomme está a cargo del procesamiento del caso.
Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua.
