Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, anunció hoy el arresto de Elba I. Bonilla Bayón, la presidenta del Programa Avance en Puerto Rico y quien habría cometido un esquema de fraude para apropiarse de más de $1 millón.
Según Rodríguez, un gran jurado federal emitió ayer una acusación contra Bonilla Bayón por apropiación de bienes del gobierno, por ocultar información de activos al declararse en bancarrota, fraude a un programa de servicios a estudiantes, lavado de dinero y robo de identidad agravada. La acusada enfrenta una orden de confiscación por $1,429,873.
“La acusada se aprovechó de su cargo directivo en el Programa Avance en Puerto Rico y se robó directamente del gobierno de los Estados Unidos, el dinero que estaba destinado a ser utilizado para la educación y desarrollo de los niños”, dijo Rodríguez en un comunicado de prensa.
De acuerdo con la acusación, entre enero de 2010 y diciembre de 2012 Bonilla Bayón se apropió de los fondos federales de Head Start, Early Head Start; Fondo de Desarrollo de Cuidado de Niños; “Child and Adult Care Food Program” y de la Ley de Recuperación y Reinversión (ARRA por sus siglas en inglés). La funcionaria obtuvo cheques de entre $1 mil y $37 mil que habría recibido como parte de sus funciones como jefa del Programa Avance.
La acusación además indica que Bonilla Bayón operaba y administraba 49 Head Starts y Early Head Starts en Loíza, Canóvanas, Río Grande y Luquillo que ofrecían servicios a 1,318 niños.
Además, el pliego acusatorio señala que la mujer abrió cerca de 35 cuentas en los bancos Westernbank, Banco Popular, Banco Santander y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Metodistas Unidos de Puerto Rico. La funcionaria habría recibido $30,800,178 con 45 centavos en fondos ARRA para los programas de servicios a niños ya mencionados.
En ese periodo, Bonilla Bayón comenzó a recibir reembolsos por concepto de comidas y meriendas que supuestamente les ofrecía a los niños. Según los registros del Departamento de Educación, la directora de Avance, recibió $549,736.28.
Por otro lado, la acusación detalla que el 25 de septiembre de 2010, la imputada abrió una cuenta en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino con una línea de crédito aprobada de más de $30 mil como una jugadora local. Allí gastó la mayoría de los fondos federales robados.
Entretanto, la denuncia indica que la acusada se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de Puerto Rico y ocultó un cheque por $99,307 del “Child and Adult Care Food Program”. Además, presentó documentos e intentó realizar transacciones que afectan el comercio interestatal con propiedad derivada de actuaciones criminales por más de $10 mil, específicamente cuatro pagos entre $13 mil y $18 mil realizados en el casino.
En relación al cargo de robo de identidad agravada, la acusación indica que Bonilla Bayón presentó informes mensuales al Departamento de la Familia estatal para recibir los fondos usando, sin autorización, la identidad de los participantes de Head Start.
Por otro lado, el pliego acusatorio detalla que en relación a los cargos por fraude al Programa de Asistencia a Estudiantes, la imputada no devolvió al Departamento de Educación federal $13,185, según establece la ley. Se trata de dinero de las becas Pell, destinado a estudiantes del Centro de Capacitación y Asesoramiento Vetelba, Inc., quienes no completaron sus estudios o que no cualificaban para la beca Pell.
Este caso fue investigado por personal del Departamento de Salud y Recursos Humanos y la Oficina del Inspector Genereal con la colaboración del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), el Departamento de Agricultura federal, la US Trustee Office y el Departamento de Educación federal.
Si Bonilla Bayón es hallada culpable, se expone a pena de prisión de entre 10 años y cadena perpetua por robo de propiedad del gobierno y participar en transacciones monetarias de bienes derivados de una actividad ilegal; cinco años de prisión y una multa de hasta $250 mil por ocultar activos al declararse en quiebra y dos años adicionales por cada cargo de robo de identidad agravado.
