SAN JUAN – La semana pasada, dos grandes jurados federales en el Distrito de Puerto Rico sometieron 14 acusaciones contra 21 personas durante la primera semana que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico volvió a convocar los procedimientos del gran jurado después de la implementación de la cuarentena por la pandemia de COVID-19.
Así lo anunció el viernes, W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
“Las acusaciones incluyen cargos de violaciones de armas de fuego, tráfico de drogas, explotación sexual de menores, contrabando de efectivo, asalto a un empleado federal y reingreso ilegal”, detalló Muldrow en declaraciones escritas.
Los fiscales federales adjuntos José A. Contreras, Ginette Milanes, Marie C. Amy, Jeanette Collazo, Linet Suárez, Juan C. Reyes, John Hutchins y Desirée Laborde-Sanfiorenzo del Distrito de Puerto Rico están a cargo del enjuiciamiento de los casos.
“Me gustaría felicitar a quienes permitieron que nuestra oficina presentara casos a estos paneles del gran jurado federal, incluido el juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Gustavo A. Gelpí, la secretaria del tribunal María Antongiorgi-Jordan y su personal, que implementó la salud y la seguridad medidas para permitir que estos grandes jurados se reúnan”, dijo el fiscal federal.
Los acusados son:
- Sean Díaz De León y Juan Carlos Pagán Bonilla, quienes fueron acusados de ayudarse e instigarse mutuamente, usar un arma de fuego durante un robo de auto y causar la muerte de dos mujeres transgénero en Humacao.
- Jimmy Andrés Díaz Rosa y Reinaldo Rodríguez Colón, quienes fueron acusados de tentativa en línea de atraer a un menor a participar en actividades sexuales ilegales.
- Andrés Martínez, quien fue acusado de conspiración y posesión con la intención de distribuir sustancias controladas.
- Enrique José Félix Velázquez; Juan Manuel Cruz Hernández; Benjamín Pérez Encarnación y Brian Cruz-Rodríguez, quienes fueron acusados de conspiración para contrabandear más de 100,000 dólares en moneda a bordo de un buque y conspiración para deshacerse de la propiedad de una embarcación. Los acusados enfrentan una acusación de decomiso de aproximadamente 1.3 millones de dólares.
- Jonathan Ortiz-Castrodad fue acusado de posesión ilegal de una ametralladora.
- Ángel L. López-Estevez, un delincuente convicto, quien fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego por una persona prohibida.
- Wilfredo Fontanez-Reyes, quien fue acusado de asalto a un oficial federal. Fontanez-Reyes golpeó y causó lesiones corporales a un empleado del servicio postal en la Oficina de Correos de los Estados Unidos en Comerío, mientras el empleado estaba ocupado en sus deberes oficiales.
- Juan Carlos Fuentes Pérez, quien fue acusado de posesión de una ametralladora en fomento de un delito de tráfico de drogas, posesión con intención de distribuir sustancias controladas y posesión de un arma de fuego y municiones después de haber sido condenado por un delito grave.
- Cristopher Lee Villanueva Díaz, quien fue acusado de posesión de un arma de fuego para promover un delito de narcotráfico y posesión con la intención de distribuir sustancias controladas.
- Fernando Miguel Velázquez-Pérez, quien fue acusado de intento de coerción y tentación de un menor. Intentó participar en actividades sexuales con alguien que creía que era un menor de 13 años.
- Harold Bryan Declet-Rivera, quien fue acusado de intento de coerción y tentación de un menor. Intentó participar en actividades sexuales con alguien que creía que era un menor de 13 años. También fue acusado de posesión de pornografía infantil.
- Juan Sánchez, un extranjero ilegal, quien fue acusado de reingreso después de haber sido retirado previamente de los Estados Unidos en junio de 2001.
- Ian Carlos De Jesús-Mártir, quien fue acusado de posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada, pastillas de oxicodona; e importación de una sustancia controlada.
- Francisco Rosario-Escolástico, Jesús Manuel Quiñones-Otero y Gregory Polanco fueron acusados de conspiración para poseer con intención de distribuir una sustancia controlada, intento de posesión con intención de distribuir una sustancia controlada y obstrucción de la justicia. Los acusados enfrentan una acusación de decomiso de 143,047 dólares en efectivo y un vehículo Mini-Cooper.
La Oficina Federal de Investigaciones; la Administración de Control de Drogas; Inmigración y Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional; Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos Operaciones Aéreas y Marítimas del Caribe y la Oficina de Policía de Puerto Rico estuvieron a cargo de las diferentes investigaciones.
