Por: Redacción Presencia
presenciaregional@gmail.com
SAN JUAN- La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, confirmó que la exvicepresidenta de Propiedad y Facilidades de Doral Bank y un contratista fueron arrestados la mañana de hoy por un esquema de fraude mediante el que se apropiaron de más de $2 millones.
Según Rodríguez, los detenidos fueron identificados como la exempleada Annelise I. Figueroa y Rolando Rivera Solís, quien era vicepresidente de San Juan Tropical, una empresa de servicios de limpieza. El pasado 18 de febrero, un gran jurado sometió acusaciones contra el dúo por fraude a una institución financiera, aplicación indebida de los fondos del banco, fraude electrónico y lavado de dinero.
Más temprano, el portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), Moisés Quiñones, confirmó el arresto de los dos imputados en Trujillo Alto y Santurce. Sin embargo, inicialmente se indicó que los dos eran empleados de una institución bancaria.
Rodríguez detalló que Figueroa, siendo empleada de Doral Bank, una institución financiera cuyos fondos están asegurados por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), intencionalmente mal aplicó o robó aproximadamente $2.3 millones de fondos o créditos de dicha institución, en un esquema en el que sin autoridad alteraron las condiciones de un contrato de mantenimiento con San Juan Tropical, con el propósito de que se le pagara a la empresa sobre una base semanal, cuando se supone se le pagara mensualmente.
Detalló que como parte del plan para defraudar al banco, Figueroa presionaba a funcionarios del Departamento de Contabilidad y a otros empleados para emitir los pagos semanales a San Juan Tropical, gracias a su relación personal con el acusado Rivera Solís.
Según la fiscal federal, el esquema de fraude que provocó que el banco pagara honorarios a la empresa y sus funcionarios, a los que no tenían derecho, para asegurar los beneficios para ellos y otros miembros de sus familias.
Rodríguez indicó que las funciones y responsabilidades de Figueroa incluían la supervisión del mantenimiento de las sucursales del banco. Ésta no tenía autoridad para firmar o aprobar contratos a nombre del banco, aunque solo tenía autoridad para comprometer fondos de la institución por $5 mil.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia máxima posible de 30 años por el cargo de fraude a una institución financiera, a 30 años por el cargo de fraude electrónico y 10 años para el cargo de lavado de dinero. Figueroa también se enfrenta a una posible sentencia de 30 años en la aplicación indebida de fondos del banco.
El caso está siendo investigado por el FBI y procesado por el fiscal federal adjunto, José Capó Iriarte. Las acusaciones son sólo cargos y no son prueba de culpabilidad. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
