SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó el lunes, que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia presentó una segunda demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan relacionada a los medicamentos derivados de opiáceos, esta vez en contra de distribuidores.
“Los puertorriqueños han sido introducidos a los opiáceos recetados a través de sus propias prescripciones y por medio de medicamentos recetados que se encuentran en botiquines en sus hogares. El abuso y la adicción sin precedentes a estas drogas han creado efectos adversos graves en Puerto Rico. Hoy, muchos puertorriqueños continúan sufriendo por el impacto de esta alarmante epidemia”, señaló Vázquez Garced en declaraciones escritas.
Las distribuidoras demandadas son: Cardinal Health Inc.; Mc Kesson Corporation; Amerisource Bergen Drug Corporation; Cardinal Health PR 120 Inc.; JM Blanco Inc.; y Droguería Betances, Inc.
En la demanda se alega que distribuyeron y vendieron opiáceos sin llevar a cabo la debida diligencia requerida por ley para evitar el desvío de éstos hacia un mercado ilícito de medicamentos. Además, se alega que los demandados tienen el deber bajo disposiciones estatales y federales en ejercer la diligencia debida para evitar el desvío y monitorear e informar, y rechazar órdenes sospechosas de sustancias controladas.
La Ley de Sustancias Controladas exige a los distribuidores, incluidos los demandados, que sean registrados por el Departamento de Salud para distribuir sustancias controladas en Puerto Rico. También la ley exige que dicho registro o licencia sea consistente con el interés público, lo que, a su vez, requiere que los distribuidores mantengan un control efectivo contra la desviación de determinadas sustancias controladas.
“Los distribuidores de medicamentos tienen varias responsabilidades con respecto a las órdenes sospechosas de opiáceos entre las que se encuentran: establecer un sistema diseñado para detectar dichos pedidos, detener el envío de cualquier orden sospechosa y éstas deben ser informadas a las autoridades pertinentes”, enfatizó la secretaria auxiliar de la OAM, Denise Maldonado Rosa.
En marzo pasado, el Gobierno de Puerto Rico presentó una demanda en contra de Purdue Pharmaceuticals en relación a su responsabilidad en la manufactura y venta de los opiáceos y como su mercadeo engañoso ha ocasionado la epidemia que ahora arropa a los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Ahora el Gobierno se une otros estados que también han presentado pleitos legales contra los distribuidores como consecuencia de la alarmante epidemia de opiáceos.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico continúa investigando si se deben presentar reclamos adicionales contra otros fabricantes y distribuidores de opiáceos.
