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SAN JUAN – La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de los Sistemas de Información Computadorizados del Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la inversión y los pagos del sistema de alertas de emergencia de la plataforma Social Alert no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable.
El informe revela que el Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 (Negociado) invirtió $167,750 en la adquisición del licenciamiento e implementación de la plataforma Social Alert que no ha tenido utilidad alguna, ya que solo ha estado en etapa de prueba. Además, la aplicación móvil no fue instalada y el portal de monitoreo, los informes de alertas y el portal educativo nunca estuvieron en funcionamiento.
La plataforma Social Alert tenía el propósito de interactuar con las redes sociales y permitir que los ciudadanos pudieran reportar incidentes de emergencia en tiempo real a través de una aplicación móvil.
El Negociado formalizó un contrato el 6 de mayo de 2015 por $869,000 para la adquisición del licenciamiento e implementación de la plataforma de seguridad Social Alert para Emergencias 9-1-1. El contrato, con vigencia hasta el 4 de mayo de 2020, se canceló el 6 de diciembre de 2016 tras develarse en un informe de auditoría interna que no se obtuvieron cotizaciones adicionales y que tampoco se había realizado un estudio de viabilidad ni un análisis de costo-beneficio. Además, en diciembre de 2016, la directora de la Oficina de Sistemas de Información del Negociado estableció que la aplicación estuvo solamente en etapa de prueba, que el personal no participó del proceso de evaluación y que al otorgar el contrato no se consideraron los requisitos y estándares de la reglamentación federal.
Esta situación se atribuye a que el director y subdirector ejecutivo entonces no ejecutaron un estudio de necesidad y viabilidad para analizar si la plataforma se ajustaba a sus requerimientos operacionales y tecnológicos. Estos funcionarios tampoco solicitaron ni examinaron propuestas adicionales para comparar y evaluar los costos presentados por el contratista.
La auditoría de dos hallazgos señala que el Negociado aprobó la facturación más costosa y ventajosa para el contratista. El entonces director ejecutivo firmó el contrato con una cláusula leonina en la cual el Negociado tenía que pagar $92,000 por la etapa de planificación y desarrollo de la plataforma Social Alert, cuya licencia no era exclusiva, y $8,000 en la implementación. Una cláusula leonina es aquella que atenta contra el equilibrio en las prestaciones contractuales, concede ventajas injustificadas y es contraria a la reciprocidad de las prestaciones. El informe resalta que el Negociado debió exigir un producto final funcional y adaptado a los sistemas existentes.
La auditoría devela que el Negociado pagó facturas por las diversas fases de la plataforma Social Alert, sin mencionar la programación realizada para hacerla funcional, sin haberla implementado, en etapa de prueba y sin poder utilizarse. Además, los adiestramientos contratados no presentaron el producto, no explicaron el uso de la plataforma y no se percibieron útiles para los telecomunicadores del centro de recepción de llamadas.
La auditoría le recomienda al secretario de Justicia que asesore al Negociado para que efectúe las acciones de recobro que correspondan.
Este informe del Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 cubre el periodo del 6 de mayo de 2015 al 30 de junio de 2021 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
