Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN – “La merma en servicios de la Rama Judicial y la disminución en el acceso a los tribunales tendrá un efecto perjudicial indiscutible en la seguridad ciudadana y en el disfrute efectivo de los derechos de las personas”, así lo afirmaron hoy, los integrantes de la Comisión Asesora de Acceso a la Justicia en una Resolución emitida el 5 de mayo de 2015 en respuesta a los anunciados recortes al presupuesto de la Rama Judicial y de diversas organizaciones dedicadas a proveer servicios legales a personas de escasos recursos económicos.
“La Comisión Asesora de Acceso a la Justicia tiene entre sus funciones asesorar a la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, en la formulación de política pública que garantice el acceso a la justicia fundamentado en el trato equitativo e igualitario de todas las personas. Esto incluye representación legal a personas indigentes, en casos civiles y criminales, y el acceso y trato sensible, justo y equitativo a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. En su pasada reunión la Comisión decidió, de manera libre e independiente, emitir una Resolución en la que hace constar su posición con relación al anuncio de recortes en las asignaciones presupuestarias, no sólo a la Rama Judicial, sino a todas las organizaciones que tienen entre sus objetivos facilitar y promover el acceso a la justicia a diferentes sectores de nuestra población”, explicó la directora administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales y Presidenta de la Comisión, Isabel Llompart Zeno en un comunicado de prensa.
La Comisión está integrada por miembros de la judicatura, organizaciones que brindan asistencia legal a los pobres del País, escuelas de derecho y representantes de varias organizaciones comunitarias y organizaciones profesionales. Entre sus integrantes están el licenciado Carlos Rodríguez Vidal, abogado en la práctica privada; el licenciado Charles Hey Maestre, director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico; el licenciado Federico Rentas, director ejecutivo de la Sociedad para la Asistencia Legal, Inc.; el licenciado Luis Rodríguez Lebrón, director ejecutivo de Pro-Bono, Inc.; la licenciada Vivian Neptune, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR); el licenciado Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el licenciado José Frontera Agenjo, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
También son parte de la Comisión el doctor Efrén Rivera Ramos, Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR; Jorge Oyola, Líder Comunitario; el doctor Nelson Colón, Presidente Ejecutivo de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico; la licenciada Ana Irma Rivera Lassen, expresidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Wanda Rivera Ortiz, de la Junta Administrativa de los Fondos de Acceso a la Justicia; el licenciado William Ramírez Hernández, Director Ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Salvador Calaf, expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
“Aunque la Comisión está consciente de la grave crisis fiscal por la que atraviesa el País, también le preocupa hondamente que la distribución de los recursos disponibles afecte desproporcionadamente la función vital que desempeñan los tribunales de justicia, incluidos sus programas de Salones Especializados en Sustancias Controladas (Drug Courts), de Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica y de atención a las personas con condiciones de salud mental”, reza la Resolución. También asegura que la reducción de $69 millones al presupuesto de la Judicatura “tendrá un efecto sustancial en la prestación de servicios judiciales y en el acceso a la justicia de numerosos sectores de nuestra comunidad”.
La Comisión requirió mediante la referida Resolución a los poderes Ejecutivo y Legislativo que adopten medidas de corto y mediano plazo y “aquellas medidas de carácter estructural que atiendan las raíces profundas de la crisis actual”.
