SAN JUAN- El director de la Autoridad de Carreteras (ACT), Javier Ramos, afirmó hoy que una vez se apruebe el propuesto ajuste al arbitrio del petróleo, la corporación pública estará en posición de continuar con 43 proyectos que están en construcción y que deben estar finalizados en los próximos seis a nueve meses y otros 36 que se encuentran en proceso de subasta.

En un comunicado de prensa, el ingeniero Ramos Hernández explicó que el ajuste al arbitrio del petróleo propuesto establecerá la base legal para transferir la deuda a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y liberar a la ACT del correspondiente servicio a la deuda.

Además, permitirá resolver la necesidad recurrente de efectivo de la ACT, lo que viabilizará adelantar la obra pública de infraestructura vial.

“La ACT tiene programados para culminar en los próximos meses proyectos ascendentes a $323 millones. No obstante, si no pasa la medida se daría al traste con esa planificación pues no tendríamos la capacidad económica para operar”, dijo el director del ACT.

Ramos reconoció que para la ACT es esencial mantener el estatus de “grantee” federal para poder viabilizar proyectos de gran magnitud e importantes para el desarrollo del País que están actualmente en el proceso de permisos federales tales como el sistema de transporte colectivo en el corredor de Caguas a San Juan y la conversión a expreso de la PR-22 entre Hatillo y Aguadilla.

“Si perdemos el status de “grantee” federal ante el Federal Transit Administration (FTA), se perderían además cerca de $90 millones. De estos $15 millones se utilizan para el mantenimiento del Tren Urbano. Los restantes $75 millones se utilizan por los municipios, entidades sin fines de lucro, e iglesias para adquirir vehículos para transportar a la gente que sirven”, advirtió el Director de la ACT.

Ramos destacó que la agencia está trabajando en establecer los controles fiscales que le permitirán operar dentro de sus capacidades económicas.

Ramos Hernández declaró que trabajan para atender las deficiencias identificadas en pasadas auditorías con acciones como maximizar el reembolso de nómina mediante fondos federales y abrir a subasta un sistema de peaje electrónico que producirá ahorros operacionales sustanciales.