SAN JUAN – La organización que representa a más de 60,000 puertorriqueños que ahorraron dinero mediante bonos de Puerto Rico, Bonistas del Patio, entiende que la demanda que el Municipio de San Juan radicó contra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) puede ser perjudicial no sólo a los bonistas y al millón de personas que tienen dinero depositadas en las cooperativas del país, sino también a los sanjuaneros y el resto de los depositantes municipales.
No se le puede exigir al BGF dinero que no tienen, todos los sectores tienen que hacer ajustes».
“La acción tomada por el Municipio de San Juan no reconoce la realidad fiscal del BGF, y su demanda busca detener un acuerdo voluntario que pone en el mismo rango tanto a bonistas como a depositantes municipales. El acuerdo de reestructuración alcanzado tiene el potencial de brindar la liquidez necesaria a corto plazo a los municipios y a los bonistas puertorriqueños. El no concretar tal acuerdo lo único que asegura es un proceso judicial largo y complicado”, manifestó Jorge Irizarry, Director Ejecutivo de Bonistas del Patio.
“Una crisis fiscal como la que vive Puerto Rico exige ver el escenario completo, más allá de intereses individuales. Esa es la única manera en que Puerto Rico logrará salir de esta crisis. Los bonistas locales tuvimos que hacer un análisis sensato de la realidad del BGF y aun con mucho dolor, transamos un acuerdo donde renunciamos a un 40% de nuestros ahorros. Al menos podremos recuperar el resto, y ese acuerdo es el mismo que le aplicará a los Municipios”.
Tras varios meses de negociaciones, Bonistas del Patio y un grupo de cooperativas llegó a un acuerdo para la reestructuración voluntaria de los bonos con el BGF bajo el Título VI de PROMESA. Gran parte del dinero que tenía el BGF lo prestaron los más de 60,000 ahorristas puertorriqueños, quienes a nivel individual poseen más del 20% del total de la deuda pública del país. Bonistas del Patio representa a este grupo de individuos, quienes en su inmensa mayoría son jubilados de empresas privadas o del propio gobierno. Sin embargo, desde la quiebra, muchos de estos individuos han dejado de recibir el pago de los intereses que el gobierno les adeuda y han visto sus vidas profundamente afectadas.
“Aquí todos nos hemos visto afectados con la quiebra, pero sin lugar a dudas, los más afectados han sido los bonistas puertorriqueños, la mayoría de los cuales son trabajadores retirados, personas jubiladas y enfermas que no reciben seguro social. Muchos estuvieron dispuestos a entrar en esta negociación con el BGF para por lo menos recuperar parte de lo que prestaron al gobierno. La demanda del Municipio de San Juan los expone a la incertidumbre de no saber cuándo volverán a ver aunque sea parte de sus ahorros”, dijo Irizarry.
“Ante esta situación todos los sectores tienen que hacer ajustes, y no es justo que sigan atacando a los bonistas que en su mayoría son individuos puertorriqueños y que son los que están cargando con el grueso de esta crisis económica, pagando más impuestos y encima, recibiendo grandes recortes en el pago de los intereses por el dinero que confiaron a su Gobierno”, añadió.