SAN JUAN – El Banco Popular de Puerto Rico, mediante sus abogados, radicaron el lunes, una demanda contra los manifestantes y grupos sindicales que convocaron al paro nacional, esto, a raíz de los danos causados al edificio Popular Centre en la Milla de Oro en Hato Rey.
La demanda fue incoada en contra de la Concentración Puertorriqueña contra la Junta de Supervisión Fiscal y sus integrantes, el Campamento Contra la Junta, Jornada Se Acabaron Las Promesas, Movimiento Socialista de Trabajadores, la Federación de Trabajadores de Puerto Rico y su portavoz, José Rodríguez Báez; La Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Unión Independiente Auténtica y su portavoz, Pedro Irene Maymí; Movimiento Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico; la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND); la Unión General de Trabajadores, la Federación Central de Trabajadores, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, la Unión Internacional de Empleados Profesionales de Oficina (OPEIU); Federación de Maestros de Puerto Rico; EDUCAMOS y su portavoz, Eva Ayala; ÚNETE y su portavoz, Emilio Nieves Torres; Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), y su portavoz, Ángel Rafael Figueroa Jaramillo; Colectivo Somos Dignos; Alianza de la Salud para el Pueblo y su portavoz, Merinilda Rivera; Colegio de Profesionales del Trabajo Social, y su portavoz, Mabel López Ortiz, entre otros.
“Actualmente los demandados atacan el Edificio con piedras que lanzan desde sus mochilas y con bombas caseras y se requiere urgentemente una Orden de este Tribunal de cese y desista y que la misma se haga efectiva inmediatamente”, urge la demanda.
En la demanda se menciona que al lanzar objetos y piedras contra el edificio, obstaculizan la libre entrada y salida y la acción de los manifestantes pone en riesgo la seguridad de los empleados, clientes y visitantes.
Con esta petición se solicitó al Tribunal de Primera Instancia a que emita una orden de cese y desista de los manifestantes.
“A modo de preservar los derechos de todos los involucrados, así como la seguridad pública, resulta necesaria la inmediata intervención de este Tribunal para que ordene a los manifestantes a permitir el acceso a las instalaciones antes descritas, abstenerse de ocupar o intentar ocupar la propiedad ajena y abstenerse de todo acto de restricción de la libertad de movimiento”, reza la demanda.
La súplica legal fue notarizada por Héctor Santiago Gómez, vicepresidente de Bienes Raíces del Banco Popular de Puerto Rico.
