| En el centro, la alcaldesa de Loíza Julia Nazario y el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González, junto a equipo de la ACT y miembros del Comité Movimiento Comunitario Pro-Bienestar de Loíza. (Foto/Suministrada) |
SAN JUAN – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, junto a miembros del Comité Movimiento Comunitario Pro-Bienestar de Loíza, se reunieron hoy con el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Dr. Edwin González y personal de la agencia, a los fines de examinar las opciones para atender uno de los reclamos más urgentes de las comunidades loiceñas: la realización de un proyecto de infraestructura vial que sirva como ruta de desalojo ante una emergencia o desastre natural.
“Durante décadas se ha señalado el peligro que viven miles de familias que verían, en caso de un tsunami o cualquier otro desastre, sus posibilidades de vida reducidas al no contar con una vía de escape segura. Durante el encuentro, se examinaron al detalle las seis alternativas generadas por el equipo técnico de la ACT. Ciertamente, los oficiales de la agencia han puesto mucho análisis en ver las maneras disponibles para atender esta situación”, expresó Nazario Fuentes.
A manera de ejercicio disciplinario, la primera alternativa es no atender la situación por ahora, lo que no resulta ser opción real, seguido por la segunda alternativa, que es realizar mejoras al sistema vial existente y construir un conector sur. La tercera es mejoras al sistema vial existente, conector sur y conector, Villas de Loíza, la cuarta es la construcción de un puente y mejoras al sistema vial existente y la quinta es construcción de un puente de una manera distinta y finalmente, realizar mejoras y finalmente, siendo la alternativa seis, que es realizar mejoras a la PR187. La segunda opción parece ser la más adecuada.
“Los costos de las alternativas varian mucho, desde $0 por la opción de no tomar acción, pasando por $119 millones por la segunda opción, $159 millones por la tercera y $432 millones por la cuarta. Estos números son bien preliminares, pues no incluyen los costos de diseño, planos, los documentos ambientales o adquisición de terrenos. Es importante que todos conozcan esa realidad. Es un proceso que toma mucho tiempo y esfuerzo, es altamente costoso, pero estamos muy agradecidos por la amplitud de la discusión y la apertura que hemos recibido de la ACT, que nos han incluido en la discusión. Sin duda alguna continúan los procesos y nos aseguraremos que no se detengan”, finalizó Nazario Fuentes.
