SAN JUAN – La procuradora del ciudadano, Iris Miriam Ruiz Class (OPC) informó el lunes, que ha sostenido conversaciones preliminares con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para servir como ente monitor del proceso que se realice conducente al traslado voluntario de confinados a instituciones carcelarias en los Estados Unidos.
Confirmó que precisamente la pasada semana, tuvo una reunión informativa con el secretario del DCR, Erik Rolón Suárez, sobre el particular.
“Durante la misma se estableció el interés de ambas partes de colaborar en este esfuerzo para promover la transparencia del proceso, la debida protección a los derechos del confinado y el acceso a los programas o mecanismos de rehabilitación”, detalló Ruiz Class en declaraciones escritas.
Ruiz Class enfatizó que el principio fundamental detrás de esta estrategia que esboza Corrección es tratar de generar economías que cumplan con los requerimientos formulados por la Junta de Control Fiscal (JCF).
De hecho, la procuradora propuso – y Corrección aceptó -, participar de las visitas exploratorias a las instituciones receptoras previo a la formalización de los acuerdos, para verificar que las mismas reúnen las condiciones necesarias inherentes a los procesos de custodia y rehabilitación, según definidos por nuestra Constitución.
Durante la reunión, los funcionarios establecieron meridianamente que el proceso de traslado de reos será totalmente voluntario. Ya Corrección ha identificado que mover a una tercera parte de la población penal bajo este precepto, podría generarle cerca de 40 millones de dólares anuales en economías. Se estima que la comunidad penal asciende a sobre 10,000 confinados distribuidos en una treintena de instituciones a lo largo del país.
Datos ofrecidos por el DCR detallan que cada confinado recluido en una institución carcelaria en Puerto Rico le cuesta al erario cerca de 100 dólares diarios, mientras que el costo generalizado en la Nación asciende a 60 dólares diarios como promedio.
La procuradora del Ciudadano fue enfática al señalar durante la reunión, que independientemente se trasladen reos de manera voluntaria, los confinados expuestos a esta experiencia deben tener acceso irrestricto a sus derechos humanos.
Entre estos enumeró recibir su correspondencia, la visita de familiares o en su defecto, mediante los mecanismos modernos de comunicación electrónica, como a que el régimen alimentario tome en consideración los patrones culturales a los que han estado expuestos.
En ese sentido, Rolón afirmó que esos extremos han sido considerados por Corrección y que todo acuerdo que se formalice para viabilizar los traslados, ofrecerá las respectivas garantías al confinado.
La Ombudsman manifestó que la Procuraduría estará atenta a cómo se conducen estas negociaciones, así como pudiera servir de ente monitor de los servicios en las cárceles del continente, una vez se formalice el acuerdo.
