EL CAPITOLIO- La Administración de Tribunales, el Departamento de Justicia y la Sociedad de Asistencia Legal apoyaron hoy, con enmiendas prácticas que tienden a unificar la responsabilidad en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), el Proyecto de la Cámara 1794 que crearía la “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”, establece sus alcances y limitaciones.

«Establecer una Ley de Análisis de ADN Post Sentencia es un avance fundamental para nuestro sistema de justicia criminal. Es consecuencia contemporánea y científica de la presunción de inocencia. Igualmente, hay que darle certeza a las víctimas sobre la certeza en la realización de dichas pruebas post sentencia. Vamos a trabajar para darle dicha certeza, tanto al convicto como a las víctimas, así como en la identificación de la estructura fiscal que haga costo eficiente este programa», expresó en un comunicado de prensa el representante Luis Vega Ramos, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara durante la vista pública para analizar el proyecto.

La Oficina de Administración de Tribunales expresó su objeción sobre la responsabilidad que impone la medida sobre los alguaciles para que sean los custodios del material y el costo sobre las pruebas, y expresaron que no es el lugar apropiado para custodiar el material que además exige un protocolo para la preservación. A través de un representante la directora administrativa de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez Colón, opinó además que resultaría oneroso para la Rama Judicial retener la custodia de evidencia.

Por su parte, el Departamento de Justicia endosó el proyecto con la incorporación de ciertas medidas cautelares que están en la legislación federal. Justicia recomendó que se analice si la legislación debe limitarse a delitos específicos como en estados de donde se limita el alcance de la ley a delitos como asesinato o violación.

La Sociedad de Asistencia Legal puso énfasis en la preservación de la evidencia genética.

«Actualmente nuestro ordenamiento en Puerto Rico, sin que exista esta ley, sí tiene alternativas para abrir un nuevo juicio amparado en pruebas de ADN, pero confrontamos un problema de conservación de evidencia genética, si no hay una ley que permita esa conservación, ni el ordenamiento actual, ni posiblemente la legislación que se establezca pueda ofrecer un remedio adecuado».

El ICF endosó el proyecto sujeto a que se incorporen recomendaciones, entre ellas que en aquellos casos que el peticionario reúse que el análisis lo realice el ICF provea con su solicitud una lista de no menos de tres laboratorios privados de su preferencia para realizar el procedimiento.