Por: Damaris Suárez
Las plantas vienen de todos tamaños y colores, de gasolina y de diésel. Pero no son tan inofensivas como parecen.
La gente no quiere escuchar”, se queja la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental ante los conflictos vecinales, problemas de salud y seguridad que crean los aparatos.»
Imagine que cada madrugada el grito de su hijo, desesperado, le lleva a buscar con una linterna la máquina de terapia. En la oscuridad de la noche, usted solo tiene su carro, que se convierte en la única forma de encender el equipo que neutraliza la respiración entrecortada del menor. Usted regresa del sobresalto a la cama, sabiendo que es muy probable que el ciclo se repita varias veces, mientras el entorno esté impregnado del olor a ese combustible que a otros les permite dormir placenteramente cuando es quemado y convertido en monóxido de carbono. Una escena similar a esta, o peor, se repite en miles de hogares.
Puerto Rico huele y respira diésel desde que pasó el huracán María. En muchos rincones, el olor y el ruido de los generadores eléctricos se ha convertido en parte de la cotidianidad. A ocho semanas del colapso del sistema de energía, el gobierno no tiene una política pública clara para la operación prolongada de estas plantas eléctricas, que se supone que sean usadas solo en emergencias. El presidente del Colegio de Peritos Electricistas, Luis A. Sánchez, ha estimado en más de 100 mil los generadores eléctricos, la mayoría de los que operan con gasolina y diésel. Confirmó que muchos ciudadanos, por no contratar a un perito, los instalan sin tomar precauciones, poniendo en riesgo su seguridad y la de sus vecinos.
Luego del huracán Irma en el Condado de Orange en Florida, tres puertorriqueños murieron por emanaciones de monóxido de carbono por un generador de electricidad en su residencia.
Mientras que en Puerto Rico se reportaron ocho incendios de generadores y hubo al menos 30 personas intoxicadas con las emanaciones de monóxido de carbono de estos aparatos tras el huracán Irma hasta el pasado viernes. A esto se añaden 14 incendios provocados por plantas eléctricas en residencias y negocios luego del huracán María, para un total de 22, confirmó el jefe del Cuerpo de Bomberos Alberto Cruz Albarrán.
Suministrada.
Una de las estructuras incendiadas debido a una planta eléctrica en Caguas, según fue reportado al CPI.
Gabriel Mendoza Cortés, de 27 años, murió en Aguada intoxicado por el monóxido de un generador instalado en el interior de su residencia el pasado 20 de octubre. Y ya van por 14 los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se han accidentado al toparse con líneas energizadas en el proceso de reparación del sistema eléctrico.
De acuerdo con Jorge Bracero, operador auxiliar de la Central de San Juan de la AEE hay una gran cantidad de generadores conectados directamente al sistema. Si el ciudadano no tiene instalado un interruptor de transferencia, la electricidad que produce el generador fluye por toda la línea de transmisión, poniendo en riesgo las vidas de los celadores que reciben “el cantazo eléctrico” al tocar las líneas “vivas”.
“Esta mañana (el pasado viernes), trabajando una línea de la técnica de Vega Baja, uno de los celadores cogió una descarga mientras trabajaba, con las manos metidas en la línea, y ahora tiene tres dedos quemados de segundo grado en una mano y otro dedo en la otra. La ignorancia de una sola persona pudo haberlo matado y ahora él es el último de 14 unionados post María que se han accidentado”, expresó Bracero.
“La demanda de estos generadores ha sido descomunal y en este momento los peritos electricistas no dan abasto con las instalaciones”, afirmó el capitán del Cuerpo de Bomberos. Cruz Albarrán indicó que las querellas por el uso inadecuado de generadores atendidas por el Cuerpo de Bomberos son referidas a la Junta de Calidad Ambiental. Fuentes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) aseguran que el Cuerpo de Bomberos alcanza a atender las llamadas diarias para radicar querellas por violaciones a la Ley de Ruido y por las emanaciones de plantas residenciales y comerciales. Cruz Albarrán aseguró que todas las querellas son referidas a la Junta de Calidad Ambiental.
“Todos los días atendemos querellas, y sí, han aumentado los fuegos por el uso de estos generadores. En Moca se reportó uno donde personas recibieron quemaduras en segundo y tercer grado”, informó el funcionario tras plantear en que en su mayoría los incendios se producen por la cantidad de horas que las personas mantienen encendidas estas máquinas, obviando que tienen un límite de horas de uso.
“Estas máquinas, en su mayoría, no están diseñadas para operar diariamente. Tienen unas disposiciones de tiempo y horario que claramente esta situación atípica de una emergencia tan larga por los huracanes Irma y María, sobrepasan las recomendaciones de los manufactureros y ponen en riesgo a los ciudadanos que las han instalado sin la debida supervisión”, aseguró al Centro de Periodismo Investigativo el abogado ambiental Pedro Saadé.
Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) en un mes, seis personas murieron y 167 resultaron envenenadas con monóxido de carbono relacionadas al uso de generadores en Florida tras millones de habitantes quedar sin energía energía luego de ser azotados por cuatro huracanes, entre agosto y septiembre de 2004. El Departamento de Salud de Puerto Rico ha alertado que su “uso inadecuado podría tener consecuencias letales”.
Desde el 5 de septiembre, la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) otorgó una dispensa para permitir el uso de generadores eléctricos sin permisos de operación. En esa fecha, la agencia reguladora paró de emitir multas y aseguró que no tomaría “acciones administrativas o imputación de violaciones por el uso de generadores de electricidad para uso de emergencia”.
El CPI corroboró con varias fuentes de agencias de gobierno que existe confusión en el alcance de la dispensa aprobada por la JCA y sobre si la misma es una desreglamentación total del uso de estas máquinas. Según se constató, ciudadanos han intentado radicar querellas para denunciar la operación ilegal de generadores de electricidad, pero estas no son atendidas ni por el Cuerpo de Bomberos, ni la Policía de Puerto Rico, y en algunos casos los funcionarios no toman acción argumentando que existe una dispensa de la JCA. Otros casos que pudo verificar el CPI todavía esperan por los inspectores de la Junta de Calidad Ambiental.
Según la Lcda. Verónica Rivera existe en la ciudadanía y en las agencias la impresión de que la dispensa de la JCA eliminó toda la reglamentación y que por ende, durante la emergencia, está permitido colocar una planta eléctrica en cualquier lugar, sin tomar en cuenta la dispersión de los gases, el nivel de ruido y la distancia requerida de ventanas y residencias aledañas, lo que ha provocado problemas de salud afectando la convivencia en comunidades.
“Conozco de casos de personas que están comprando generadores y los colocan dentro de sus apartamentos en condominios, como un caso en Hato Rey en un piso altísimo, sin importar el riesgo que representa para toda la comunidad y sin que las autoridades hagan algo. Cuando los vecinos lo abordan, la contestación es ‘llama la policía’”, relató la Lcda. Rivera.
De acuerdo con el abogado Pedro Saadé, el aumento en el uso de las plantas eléctricas es “una bomba de tiempo” que el gobierno no ha sabido manejar adecuadamente, en la medida en que pasan las semanas y no se ve cercano el restablecimiento del sistema eléctrico.
Rivera y Saadé coincidieron en que las autoridades debieron haber previsto la urgencia de establecer un protocolo especial para el manejo de estos generadores durante el tiempo que tome restablecer el sistema eléctrico. Opinaron que esta no es una emergencia típica, por lo que el gobierno debe intervenir para evitar que ciudadanos inescrupulosos no afecten a otros escudándose en una dispensa que no los exime.
Verónica Rivera subrayó que con un reglamento especial y funcionarios informados se podría evitar la excusa de que existe una dispensa que permite usar los generadores sin restricciones.
La presidenta de la Junta de Calidad Ambiental, Tania Vázquez rechazó que con la dispensa se haya liberalizado el uso de generadores. Insistió en que la misma no es absoluta ya que dispone que las plantas eléctricas tienen que instalarla en un lugar que permita ventilación y una dispersión de gases adecuada a la atmósfera. Además, la salida de los gases que se generen en el proceso de combustión del motor tienen que estar dirigidos a la atmósfera a través de tubería, conducto o chimenea. Expresamente prohíbe que los gases que escapan de los generadores estén dirigidos a otras propiedades o cerca de las ventanas de propiedades aledañas.
Indicó que las plantas eléctricas deben estar a 10 pies de la casa y 10 pies de la casa del vecino, en espacios abiertos, para mantener una adecuada ventilación de las emanaciones y evitar posible intoxicación con el monóxido de carbono. Se debe evitar que los niños se acerquen a estas máquinas debido al riesgo de quemaduras. Las mismas deben ser ubicadas en superficies planas y el nivel de ruido autorizado en la noche no puede exceder los 50 decibeles de noche.
Aun con la dispensa, la funcionaria insistió en que las agencias están obligadas a atender querellas por el mal uso de las plantas eléctricas porque también tienen jurisdicción, como por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, que no está exenta de intervenir si una planta está mal conectada, o el Cuerpo de Bomberos, si hay un potencial peligro de incendio por la conexión del generador. Aseguró que la Policía está obligada a intervenir si hay problemas entre vecinos, y el Departamento de Asuntos del Consumidor si la pugna es en un condominio o complejo donde aplica la Ley de Propiedad Horizontal.
“Yo no puedo hacer una dispensa que modifique enmiende o viole una ley o contrato vigente. La gente tiene que seguir las leyes y los reglamentos y esa dispensa no es absoluta y se va a ir con todo el peso de la ley”, aseguró.
Vázquez sostuvo que previo al paso del huracán Irma la la JCA ha orientado sobre el uso correcto de las plantas, pero “la gente no quiere escuchar”.
“Sobre la dispensa de las plantas eléctricas, entiendo que la gente lo ha malinterpretado. Se sacó de contexto y eso me preocupa. Para hacer las cosas mal cualquier excusa es buena. La gente decidió interpretar una dispensa que es bien clara, a su manera, para justificar lo que no es justificable. De ahora en adelante, ¿no me escuchaste? Ahora voy con la querella y a multar”, afirmó en la cuarta semana después del paso del huracán la también secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
Vázquez justificó la necesidad de establecer una dispensa previa a la emergencia debido a la cantidad de personas cuyas vidas dependen de aparatos eléctricos. No obstante, aceptó la necesidad hacer una guía más específica para regular el manejo adecuado de estas máquinas. “Aquí no hay nada escrito en piedra”, indicó.
“Esa dispensa tiene restricciones. Las plantas no están por la libre. Ahora, yo no puedo decirle a una persona que tiene un respirador ‘apaga la planta a las 10PM’, porque se va a morir”, planteó la funcionaria.
Aunque se negó a ofrecer cifras totales de las querellas radicadas por el mal uso de plantas luego de emitida la dispensa, Vázquez admitió que las mismas han aumentado y que el personal de la JCA no da abasto para atender la cantidad que recibe por el uso de las plantas, por lo que ha designado dos áreas de la agencia reguladora para atender unas 15 querellas diarias sobre plantas eléctricas. Aseguró que también ha pedido apoyo a la Policía, el Cuerpo de Bomberos y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), pero no contestó si esas agencias han respondido a su pedido.
La dispensa de la JCA se suma a la determinación de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de flexibilizar la aplicación de normas a las plantas eléctricas o los generadores móviles que se importan a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes estadounidenses, para atender la emergencia luego de los huracanes Irma y María.
Desde esa fecha, la EPA no aplican en Puerto Rico ni en las Islas Vírgenes los procedimientos ante ciertas infracciones a la Ley de Aire Limpio debido a las plantas eléctricas móviles que no han sido certificadas para cumplir con la normativa estadounidense de control de la contaminación.
David Kluesner, vocero de la EPA, dijo que la intención de la agencia federal es aumentar el número de generadores disponibles durante la recuperación del huracán María, aunque no cumplan con los estándares de emisiones de calidad de aire.
“La EPA no perseguirá acciones de cumplimiento para ciertas violaciones de la Ley de Aire Limpio para generadores de energía móviles que no han sido certificados para cumplir con los estándares de control de contaminación de EE.UU. y se importan para su uso en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU”, expresó mediante declaraciones escritas al Centro de Periodismo Investigativo.
Explicó que bajo esta dispensa temporera se permite la importación y venta de generadores de energía móviles que, aunque no son legales para la importación y venta en Puerto Rico, satisfacen estándares de emisiones de contaminación del aire que son similares a los estándares actuales de la EPA. También se permite la importación y el uso de otros generadores de energía móviles que no cumplen con estándares similares a los estándares actuales de la EPA, pero solo si son retirados del servicio y no operados en Puerto Rico después del 31 de marzo de 2018.
Calidad del aire: un problema de salud que no se está monitoreando
Mientras esto ocurre, la directora de la EPA en Puerto Rico y el Caribe, Carmen Guerrero, confirmó que el sistema de medición de calidad de aire se encuentra fuera de operaciones, por lo que se desconoce con certeza el impacto de estos miles de generadores en la calidad del aire que respiramos.
“Vamos a estar monitoreando la situación. Tener una cantidad de generadores de forma indefinida no es solución sostenible para Puerto Rico”, aseguró el gobernador Ricardo Rosselló hace semanas cuando fue abordado por periodistas sobre qué acciones tomaría su gobierno ante el impacto al ambiente y los problemas de salud por la gran cantidad de plantas eléctricas tras María.
Ninguna acción para regular el uso de las plantas se ha tomado desde ese entonces.
No obstante, ya se ha registrado un aumento en problemas de salud a consecuencia de las plantas eléctricas. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos alertó sobre el aumento de casos relacionados a afecciones respiratorias debido a que las emanaciones de las plantas complican el cuadro para personas con condiciones respiratorias como asma, durante esta temporada alta del virus respiratorio sincitial y ante el inicio de más casos de influenza. Explicó que la proliferación de las plantas quemando material fósil afecta directamente el ambiente para pacientes por condiciones respiratorias.
“Han aumentado los casos. Las salas de emergencias están repletas. En Fajardo se están viendo como 500 pacientes al día. Estoy admitiendo muchos niños con problemas respiratorios. A eso le sumas que la gente asmática o con cualquier otro problema respiratorio no tienen necesariamente luz y dependen de los inhaladores, que en algunos casos ya no le funcionan”, afirmó.
La agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó en 2012 que los gases que emiten los tubos de escape de gases de motores diésel, entre ellos los generadores eléctricos, son carcinógenos.
De acuerdo con la OMS, la alta concentración de partículas finas que contaminan el aire se asocia con una gran cantidad de casos de decesos por enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares, así como por enfermedades respiratorias y el cáncer.
Los motores diésel sin filtro de partículas son un peligro para la salud. La combustión de diésel en los motores genera unas partículas tan finas que los pulmones no son capaces de retener y pasan directamente al flujo sanguíneo. En periodos cortos pueden ocasionar dolor de cabeza, náusea, presión en el pecho, jadeo al respirar, tos e irritación de los ojos, la nariz y la garganta.
Las personas que padecen de enfermedades del sistema respiratorio, tales como bronquitis, enfisema o asma, pueden sufrir efectos adversos si están expuestos a largo plazo o de forma constante al escape de diésel. Por esto, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. recomienda la ventilación para minimizar los gases de escape de las plantas eléctricas.
