SAN JUAN – El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá reaccionó el martes, mediante su blog, al borrador de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal y el liderato republicano que viabiliza la imposición de una junta de control fiscal federal.
“Admito que es mucho peor que lo que pensé y peor inclusive que las muy buenas reseñas que han escrito periodistas y columnistas. Para que tengan una idea, esta Junta que se nos pretende imponer, cuyo verdadero nombre debe ser Junta Omnipresente, Dictatorial y Colonial (JODC), por la cual los puertorriqueños no vamos a votar ni vamos a tener nada que decir sobre su nombramiento y peor aún sobre su desempeño”, dijo Acevedo Vilá al comienzo de su escrito.
En cuanto a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, Acevedo Vilá rechazó que sea la junta quien decida sobre el mecanismo a usar para dicha reestructuración.
“El borrador de proyecto de ley le quita a Puerto Rico lo más esencial en cualquier proceso de quiebra o reestructuración de deuda: el derecho a ser el deudor. Sí, es cierto que hay una autorización a usar un proceso similar al de quiebra. Pero quien decide cuándo y cómo se usa, son ellos, la JODC. Nosotros somos los deudores, pero ellos deciden cuándo es que de verdad podemos usar el mecanismo de quiebra. En otras palabras, si hay que decidir entre botar empleados públicos, subir los peajes o dejar de pagarle a los fondos buitres, son ellos, no los puertorriqueños electos por los puertorriqueños, quienes lo van a decidir. Luego de eso, si hay que ir al proceso de quiebra, son ellos los que están en la silla del conductor. Nosotros ni estamos en el carro”, dijo.
Acevedo Vilá insistió en que “lo que está propuesto es peor que la Ley Foraker de 1900. En esencia, estamos volviendo al gobierno militar, pero sus poderes ejercidos por civiles. Algo similar a lo que Estados Unidos hizo en Irak luego de la guerra”.
“Bajo la Ley Foraker y luego la Ley Jones, el gobernador nombrado por el Presidente, no podía aprobar un presupuesto unilateralmente, no podía adoptar reglamentos unilateralmente y no podía dar contratos al margen de los requisitos de ley. Inclusive, si vetaba una ley, había un proceso para tratar de ir por encima de su veto. Y bajo esos regímenes claramente coloniales y antidemocráticos, las leyes que aprobaba la Asamblea Legislativa de Puerto Rico podían ser derogadas por el Congreso o por el Presidente, pero al menos ellos eran electos por alguien. Aquí ese poder lo tiene la JODC que no es electa por nadie y por ende no le responde a nadie”, abundó.
“Si este borrador es lo que piensan en Washington sobre Puerto Rico, exijámosles que dejen de ser hipócritas: si de verdad creen que no nos podemos gobernar suspendan la aplicación de la Constitución del Estado Libre Asociado, con ello suspendan las elecciones y otórguenle abiertamente a esa JODC todos los poderes que hoy tienen las ramas ejecutivas y legislativas (a la rama judicial el borrador técnicamente la torna inoperante e inconsecuente, porque todas las decisiones de la JODC, si se impugnan, irán a las cortes federales). Es una crueldad con el pueblo de Puerto Rico pedirle que salgan a votar por un gobernador y una legislatura, cuando las decisiones fundamentales sobre el futuro del país no las podrán tomar ellos, sino cinco burócratas que no estarán en la papeleta del 8 de noviembre”, expresó el exgobernador.
Entre las recomendaciones de Acevedo Vilá, se destacan: Aprobar inmediatamente una Resolución Conjunta de la Asamblea Legislativa con la firma del Gobernador, que establezca claramente qué es lo que Puerto Rico está dispuesto a aceptar del Congreso; Aprobar anticipadamente por nuestra Asamblea Legislativa cuál será el proceder del Gobierno de Puerto Rico si llega el 1 de mayo o el 1 de julio y no hay los recursos para pagar el servicio de la deuda; Iniciar el proceso de enmendar nuestra Constitución para cambiar el orden de prelación de pagos en caso de insolvencia; Un compromiso firme del actual gobernador y de todos los candidatos a la gobernación que si este proyecto o uno similar se aprueba, van a desobedecerlo; y el Gobierno de Puerto Rico tiene que ir a las Naciones Unidas a denunciar esta acción y solicitar formalmente que el caso de Puerto Rico vuelva a la Asamblea General para su discusión plena. Inclusive, se le debe pedir al Comité de Descolonización asesoría para ver la posibilidad de acudir ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar a los Estados Unidos por crasamente incumplir con su compromiso con Puerto Rico y con la comunidad internacional.
