Por: Redacción Presencia
SAN JUAN – María de Lourdes Rivera Grajales, Coordinadora General de Comunidades Especiales de Puerto Rico depuso hoy, en las vistas de presupuesto del Senado, para avalar el presupuesto recomendado para la Oficina de $4,163,000, pero solicitó una asignación adicional $162,000 “para restablecer y añadir cinco puestos de organizadores comunitarios”.
La Ley Orgánica de la Oficina de Comunidades Especiales permite recibir aportaciones de empresa privada, sin embargo adolece de incentivos para lograrlo, “como medida para adelantar e incentivar al empresariado a que cumpla con su responsabilidad social, proponemos también una revisión de la Ley 1 del 2001, para que donantes puedan beneficiarse de incentivos o exenciones contributivas y se estimule la filantropía corporativa.”
Rivera Grajales catalogó como devastador ,el impacto de la Ley 7 en las Comunidades Especiales puesto que se redujo de 136 a 9 puestos, los asignados para brindar servicios directos a las comunidades, “además quedaron solo cinco empleados de carrera para atender asuntos administrativos para toda la isla. A través de todo cuatrienio pasado, solo contrataron tres organizadores para ofrecer servicios”.
La Agencia recibió un doble impacto bajo la administración del gobernador Luis Fortuño, pues se eliminaron, según Rivera, unos 95 empleados correspondientes a la Ley 5.
