Por: Redacción Presencia
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Piñones – La Corporación Piñones se Integra (COPI) denunció el pago de $32.6 millones al desarrollador de la PFZ Properties, Joel Katz, y lo catalogó como un acto de alta corrupción contra el Pueblo de Puerto Rico.
Foto/ Héctor J. Álvarez Colón
“Ese pago por los terrenos de un proyecto que no era viable y que de forma muy acomodaticia le gestionaron en la administración pasada, es el colmo de la desfachatez contra un pueblo con tantas necesidades como es Loíza. ¡Ahora mismo, llevamos 13 días sin agua¡ Y temas como la falta de protección policiaca, el descontrol de los fines de semana de verano, las promesas incumplidas de desarrollo ecoturístico, etc. serían una mejor inversión de fondos públicos ”, expresó la portavoz de COPI, Maricruz Rivera Clemente.
De igual forma, exigen al Departamento de Justicia y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que busquen los mecanismos legales que se necesiten para que se detenga “este robo a mano armada al pueblo”.
El Gobierno expropió los terrenos a Katz y aunque la comunidad entiende que no habría que pagarle ni un solo centavo porque son terrenos de dominio público, la Corporación dice que le pagaron casi $5 millones, que fue lo que resultó como el precio de tres distintas tasaciones hechas en el 2008, incluida una de los propios tasadores de Katz.
“Pero, de forma inexplicable en una acción solo digna de un acto de magia, en el 2012 el propio Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cuando Daniel Galán Kercadó era el Secretario, presentó una nueva tasación por $32.6 millones, un aumento de seis veces la tasación original y de inmediato. Como en un juego de pitcher y cátcher, Katz se allanó esa misma tarde a una cantidad sustancialmente más baja que la que su tasación fijaba. A la misma vez, el DRNA le planteó al tribunal que no podía pagar esa cantidad y que tenían que retirar la expropiación en el 2013.
La comunidad fue excluida de todo este proceso, ya que en la Sala de Expropiaciones no se celebró una vista de la tasación de $32.6 millones ni se analizó su legalidad y tampoco se permitió que fuéramos parte en el caso”, señaló Rivera Clemente.
“El pueblo de Puerto Rico ya ha pagado demasiado a los Katz por un terreno que es del pueblo, que nos pertenece, que se conforme con los $5 millones que se le pagaron sin merecerlos”, sostuvo la portavoz de COPI.
Insistió en que es insostenible que el estado pague esa cantidad de dinero cuando el proyecto de Costa Serena nunca fue aprobado, puesto que la Declaración de Impacto Ambiental fue invalidada por los tribunales y, según Rivera Clemente, nunca llegó ni siquiera a tener un permiso de consulta de ubicación en la Junta de Planificación.
“Hay que tener en cuenta que esos terrenos son realmente públicos porque están en un manglar y son zona marítimo terrestre. Los nuevos mapas de FEMA de 2007 dicen que allí todo se inunda por causa mayor y hay leyes que prohíben el desarrollo en zonas inundables de esa naturaleza. Estamos hablando del desembolso de más de $30 millones de fondos públicos para comprar terrenos que por su definición y sus características, son públicos”, recalcó Rivera Clemente.
