Por: Redacción Presencia
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LA FORTALEZA – La directora administrativa de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT), Isabel Llompart Zeno, dijo hoy que a raíz del posible corte de $97 millones (si se suma la reducción en la aportación especial y los $69 millones de reducción en la fórmula), se hace necesario que la Legislatura apruebe un aumento en los aranceles.
“Es obvio que si a mí me están recortando por un lado, yo tengo que buscar como generar ingresos por otro lado. Y esa propuesta que hizo el Tribunal Supremo no se hace en el vacío”, dijo Llompart Zeno a su salida de la reunión que tuvo junto a la jueza presidenta Liana Fiol Matta con el gobernador Alejandro García Padilla para discutir el impacto del posible corte a la Rama Judicial.
Llompart Zeno indicó que Fiol Matta le expresó al gobernador su preocupación por los posibles recortes y que “el gobernador tomó conocimiento sobre la situación”.
A raíz de los recortes previos en el presupuesto a la Rama Judicial, el Tribunal Supremo el pasado 9 de marzo propuso un aumento en los aranceles que se pagan por los servicios que ofrecen los tribunales como casos civiles, divorcios, declaratorias de herederos, recursos extraordinarios, demandas por desahucios, reposesión de bienes muebles, revisión de multas de tránsito, apelaciones, bodas, entre otros.
Según la jueza administradora, la medida está pendiente en la Cámara de Representantes.
Llompart Zeno mencionó que el plan de recortes, a raíz del posible corte de 20 por ciento a la fórmula en la Rama Judicial, se contempla la reducción de la jornada laboral, el cierre total de las salas municipales y las salas de Primera Instancia que no son Centros Judiciales, reducción de beneficios a los empleados, cierre de las salas y limitar el horario de las Salas de Investigaciones.
“Eso es un escenario que se está evaluando. Nosotras estamos completamente confiadas de que eso no se tenga que dar”, aseguró.
La jueza indicó que si se implanta un recorte de jornada, se cortarían horas “o días de trabajo”.
En términos de cierres adicionales o reconfiguración de las regiones judiciales, la jueza administradora mencionó que el asunto “está sobre la mesa”.
Al momento quedan 15 salas municipales y 25 salas del Tribunal de Primera Instancia. Las primeras que están en los planes de cierre o consolidación son las salas municipales, admitió la jueza Llompart Zeno.
