TRUJILLO ALTO- Emmanuel Huertas, propietario del Hogar Hacienda El Ruiseñor, Corp. acusó hoy a la secretaria del Departamento de la Familia, Idalia Colón Rondón, de presuntamente lanzar a la calle a nueve ancianos tras ordenar el cierre de la instalación el pasado 8 de diciembre y trasladarlos a otros hogares en contra de su voluntad.

Idalia Colón Rondón, Secretaria de la Familia. (Foto/Archivo)

Huertas explicó que el Departamento de la Familia supuestamente cerró el hogar al alegar que dicho centro no cuenta con los permisos requeridos del Departamento de Salud, entre otras agencias concernidas, para el cuido de envejecientes con condiciones de salud mental, impedimentos físicos y otras condiciones médicas que requieren un cuidado especial. Huertas rechazó los señalamientos y catalogó la acción de Colón Rondón como abusiva e injusta.

“Es desconcertante escuchar que la Secretaria de la Familia justifique sus acciones con subterfugios irrelevantes cuando sus acciones son realizadas en contra de la voluntad de los participantes del programa y sin aprobación médica. La acción de la agencia responde a favores políticos a hogares que no cuentan con facilidades adecuadas y ponen en riesgo la vida de los ancianos que reciben tratamientos según sus necesidades especiales”, sostuvo Huertas en un comunicado de prensa.

Añadió que estas personas de edad avanzada tienen derechos adquiridos protegidos por las leyes, como la ley ADA.

“Su reubicación a centros inadecuados es acción desacertada y abusiva que pone en riesgo la vida de los ancianos. Familiares que presenciaron eventos de fuerza policiaca corroboraron que los ancianos están retenidos en condiciones inhumanas y en hacinamiento. Al menos uno de los ancianos sufrió una caída sufriendo una herida que requirió diez puntos de sutura en la cabeza”, denunció.

Huertas, quien es actual presidente municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Trujillo Alto, llamó la atención sobre la situación de dos participantes del programa que se encuentran deambulando por supuestamente haber rehusado ser reubicados y como resultado fueron dados de baja del programa. Indicó además, que un participante, a quien identificó con las siglas F. Q. F., deambula desde que se negó ser ubicado en otra facilidad y el Departamento de la Familia no ofrece los datos al hogar que ayude a ubicar el cliente.

Contó sobre otro cliente discapacitado, identificado con las siglas W. R. J, que presuntamente fue abandonado por su familia y era atendido en el Hogar Hacienda el Ruiseñor donde se costeaban los servicios que debían ser pagados por el Departamento de la Familia.