Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El presidente de la Asociación de Contratistas y Consultores de Energía Renovable de Puerto Rico (ACONER), Ángel Zayas Duchesne, denunció que como parte del paquete de medidas presupuestarias que están por aprobarse, el gobierno estaría recortando significativamente fondos actualmente destinados al programa del Fondo de Energía Verde de la Oficina Estatal de Política Pública Energética, para la instalación de sistemas de energía solar en residencias y comercios.
“Los proyectos de Ley en vías de ser aprobados reducirían la asignación en un 48 por ciento para el año fiscal 2014-2015, un 43 por ciento en el 2015-2016 y un 50 por ciento entre el 2016 y el 2020. Queremos dejar claro que estamos conscientes de la situación fiscal actual del gobierno pero esta reducción impactaría negativamente una de las pocas industrias, si no la única, en franco crecimiento en Puerto Rico. Estimamos que por cada 12.5 por ciento de reducción del Fondo equivale a la eliminación de 300 a 400 plazas de empleos (entre directos e indirectos) de esta industria de generación distribuida”, dijo.
De otra parte, el Presidente de la ACONER dijo que “estas medidas se desvían totalmente de la Política Pública establecida por el gobierno actual según fue establecida en el Plan Energético Nacional ‘Luz al Final del Camino’, propuesto por el gobernador, Alejandro García Padilla”.
Zayas Duchesne explicó que a nivel global, programas de política pública de incentivos como el Fondo han provocado cambios positivos en el mercado y un crecimiento de la cantidad de instalaciones nuevas de generación distribuida nunca antes visto.
Por su parte, el vicepresidente de ACONER, Edward Previdi, indicó que “aparte del crecimiento en esta industria y los empleos que esto añade, el programa de incentivos del Fondo genera un efecto multiplicador en la economía ya que los ciudadanos y empresas que instalan estos sistemas reciben un beneficio económico al reducir el consumo energético, esto combinado con mejoras de eficiencia energéticas viables. Por ejemplo, el costo de energía es la causa número uno para el cierre de pequeños negocios en el País; hay decenas de negocios que han evitado cerrar al participar de este programa”.
“El fondo de energía verde es una inversión del gobierno, no un subsidio. Por cada dólar invertido por el gobierno se revierte en tres y cuatro dólares en la economía local”, sentenció Zayas.
Además, sostuvo que el impacto negativo también repercute en los beneficios ambientales que se buscaban con el programa. El Fondo de Energía Verde, al provenir de lo recolectado en los arbitrios de automóviles, crea una compensación por emisiones de bióxido de carbono (“carbón offset”) al incentivar mayor generación de energía limpia versus el aumento gradual en emisiones con las ventas de nuevos vehículos de motor. Sería un retroceso en cuanto a política pública ya establecida para proteger el medioambiente.
Según detalló, el Fondo de Energía Verde entró en vigencia en el 2010 por virtud de la Ley 83 de ese año con el propósito de potenciar el desarrollo de la energía verde, reducir el costo de la energía en residencias y negocios, reducir el consumo de energía generada por fuentes fósiles no renovables como el petróleo, y a su vez minimizar el impacto de gases de invernadero nocivos al ambiente. Por medio del programa se han concedido cientos de reembolsos para instalación de este tipo de sistemas, también conocidos como generación distribuida.
El reembolso es actualmente de 40 por ciento para residencias y pequeños negocios, y de hasta 50 por ciento para proyectos a mayor escala. El dinero asignado, que proviene de los arbitrios por compra de automóviles, comenzó en $20 millones en el año fiscal 2011-2015 y aumentaría paulatinamente hasta terminar en $40 millones por año entre el 2016 y el 2020.
