SAN JUAN- Varias organización de padres de niños de educación especial expresaron su preocupación y tristeza por la renuncia de Francisco Rebollo López, exjuez y nombrado comisionado especial para la parte de daños en el Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación.

Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Padres de Niños de Educación Especial, expresó en una entrevista radial que “esta es una salida que nos consterna. Nos pone muy tristes. El licenciado Rebollo tenía un compromiso tremendo con esta clase con una sensibilidad muy grande hacia la causa que estaba atendiendo. Estamos muy preocupados porque entendemos que ha sido una situación que nos pones nuevamente en el aire”.

De otra parte, Warren catalogó como injusto el planteamiento de la Jueza de que solo podrían recibir indemnización aquellos estudiantes que se hayan unido a la demanda, mientras aseguró durante la presente administración se ha reportado un alto número de querellas por el “pésimo” servicio a esta población.

“El tiempo en educación especial ha sido difícil, pero este año ha sido horrible. Ha habido un aumento de las querellas bajo esta administración, que ha sido terrible, es vertiginoso. Una cosa histórica. Nunca antes (había habido) tantas querellas. Los servicios están siendo pésimos, el trabajo es horrible, la relación con los padres, el maltrato, la persecución, las humillaciones, son terrible. Servicio pésimo. Todavía tenemos niños en sus hogares sin haber recibido un solo día de clases”, dijo.

Según trascendió, el pasado jueves, 20 de febrero, Rebollo López presentó su renuncia ante el Tribunal como comisionado especial ante la resolución del 31 de enero de la juez superior Aileen Navas Auger.

La Jueza dictaminó en contra de la clase demandante (estudiantes de educación especial) en contradicción con la recomendación del licenciado Rebollo, nombrado por el mismo Tribunal.

Por otro lado, el Concilio Pro Personas con Diversidad Funcional felicitó a Rebollo López por su escrito de moción de renuncia al mencionado caso.

“Entendemos que su escrito está colmado de entereza y valentía. Entre otras cosas, manifiesta la manera injusta en que se ha comportado el tribunal local y que la decisión antes mencionada representa un retraso de 30 años de negociaciones con la clase demandante. Para nosotros, queda nuevamente demostrado la falta de sensibilidad y justicia del Estado y sus tribunales hacia el derecho humano fundamental de una educación apropiada para todos”, dijo en un comunicado, José L. Cordovés, presidente del organismo.