SAN JUAN – El asistente del fiscal general de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Harmeet Dhillon, junto al fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, anunciaron el miércoles que un gran jurado federal presentó acusaciones contra tres personas por el delito de trabajo forzado y conspiración, tras supuestamente explotar a una mujer con discapacidad intelectual en Carolina.
Según el pliego acusatorio, Luz María Peña López, de 55 años, y su hija Tatiana Correa Peña, de 36 años, enfrentan cargos por trabajo forzado y conspiración. Peña López también fue acusada por servidumbre de documentos, mientras que Enrique Gutiérrez Rivera, de 54 años y policía municipal de Carolina, enfrenta un cargo por ocultación de delito. Los tres fueron arrestados en horas de la mañana.
- Documentos: NR Forced labor-FBI 10-22-25 Case 25-429(PAD-MDM) filed memo in support of pretrial detention 25-429 Indictment (002)
“El Departamento de Justicia condena el atroz abuso y el trabajo forzado infligido a esta víctima con discapacidad, según se alega en la acusación, y estamos comprometidos a garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de la ley”, dijo Harmeet Dhillon, en declaraciones escritas.
De acuerdo con la acusación, Peña López y Correa Peña supuestamente golpearon y amenazaron a la víctima, la aislaron y la obligaron a mendigar dinero, cometer actos fraudulentos y realizar labores domésticas. Además, se alega que ambas usaron los beneficios mensuales del Seguro Social por incapacidad de la víctima para su beneficio personal.
El documento judicial establece que la víctima fue obligada a dormir en un espacio que antes albergaba animales, donde en ocasiones era encerrada durante la noche. También se le habrían negado artículos básicos de higiene y atención médica.
Las autoridades federales indicaron que la pena máxima por el delito de trabajo forzado es de veinte años de prisión federal, mientras que por ocultación de delito la pena máxima es de tres años.
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) tiene a su cargo la investigación del caso. El procesamiento corresponde a la fiscal auxiliar de Estados Unidos, Daynelle Álvarez, y a la abogada Jessica Arco, de la Unidad de Procesamiento de Trata Humana de la División de Derechos Civiles.
Además, informaron que cualquier persona con información sobre este caso puede comunicarse con la oficina del FBI al 787-987-6500. Igualmente, recordaron que las víctimas de trata humana pueden solicitar ayuda llamando a la Línea Nacional de Trata Humana al 1-888-373-7888.
Las autoridades reiteraron que una acusación es solo una alegación y que todos los acusados son presuntos inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal de justicia.
