SAN JUAN – La Oficina del Contralor de Puerto Rico informó este viernes que una investigación sobre el uso del Fondo de Mejoras Municipales, administrado por la Autoridad de Tierras, reveló que la intervención de legisladores en la disposición de estos fondos es inconstitucional, según lo determinó el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
El Informe detalla que senadores y representantes, mediante cartas, determinaron el uso de los fondos, seleccionaron beneficiarios y dirigieron su asignación a entidades sin fines de lucro para proyectos específicos. Estas acciones violan la separación de poderes, ya que la facultad de administrar fondos públicos es exclusiva de la Rama Ejecutiva.
- Documento: OC-25-46
Los auditores identificaron múltiples irregularidades en contratos por 2.1 millones de dólares en el 2021. Entre estas, se incluyó la asignación de fondos sin especificar las obras, el desvío de recursos a ciudadanos fuera de los distritos correspondientes y el uso de fondos para fines distintos a los establecidos, como remodelaciones de oficinas.
Además, se detectaron casos de posible mal manejo, como un cheque de 5,700 dólares para un muro que nunca se construyó y fondos otorgados a familiares de empleados del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR) para proyectos que no se realizaron.
El Contralor recomendó al gobernador la aprobación de legislación para eliminar la potestad legislativa sobre estos fondos y garantizar su administración conforme a la ley. El informe completo, que cubre el periodo del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022, está disponible en www.ocpr.gov.pr.
