SAN JUAN – El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo dijo el martes, que las autoridades federales tienen más para investigar sobre las contrataciones en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por la recuperación post huracanes Irma y María.
“Entendemos que la agencia federal debe continuar investigando. Investigando la forma y manera de cómo se utilizó 1,800 millones (de dólares) en año y medio y que verifiquen el proceso de facturación para ver si es cónsono con el trabajo brindado”, dijo Figueroa Jaramillo a Cyber News.
“Yo creo que esa debe ser la segunda etapa de la investigación en este proceso para que se continúe sacando todos los actos de corrupción que existen en este tipo de crisis que utilizan el sector privado”, añadió.
Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced reprochó las supuestas acciones que condujeron a los arrestos de funcionarios federales sobre los fondos de recuperación.
«Los arrestos de hoy son reprochables e indignantes. Conocer que funcionarios del gobierno federal defraudaron a Puerto Rico, en este caso FEMA, y la compañía privada COBRA, encargada de ayudar a Puerto Rico en la reestauración del sistema eléctrico, es una gran tristeza. Estos, según la acusación, mal utilizaron y se aprovecharon de la necesidad y el dolor que Puerto Rico enfrentaba después del paso del huracán María. Reprochamos la corrupción, venga de donde venga y por eso fortalecemos cada día las medidas para identificar posibles conductas de aquellos que pretendan aprovecharse de la necesidad y el dolor de un pueblo», dijo Vázquez Garced en comunicación escrita.
El martes se dio a conocer que el presidente de la empresa Cobra Acquisitions se valió de una relación personal con una empleada de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA), para conseguir contratos multimillonarios en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) durante el proceso de recuperación luego del paso por Puerto Rico de los huracanes Irma y María.
Según explicó en conferencia de prensa la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, el expresidente de Cobra, Donald Keith Ellison, y la exadministradora de la Región 2 de FEMA, Ahsha Nateef Tribble fueron acusados junto a Jovanda Patterson- quien fuera subjefa de personal de la agencia- por un Gran Jurado de conspirar para sobornar a funcionarios públicos, declaraciones falsas, fraude de fondos de desastre y violaciones a la Ley de Viajes.
“A fines del 2017 o principios del 2018, Tribble y Ellison iniciaron una estrecha relación personal. Ellison le regaló cosas de valor a Tribble. Mientras que ella le proporcionaba información sobre la AEE, la cual obtenía, obviamente, por su posición. De hecho, como parte del patrón de Ellison de proporcionar cosas de valor a Tribble, le consiguió empleo en Cobra a su amiga, la otra acusada Jovanda Patterson”, dijo Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.
Nateef Tribble fue la encargada del sector de infraestructura y energía, además de directora de la oficina de recuperación de FEMA en Puerto Rico. Por tanto, tenía a su cargo la autorización de los pagos que en este caso se le hacían a Cobra.
“Lo que ella decía era ley”, expuso la fiscal federal.
A la empresa Cobra se le otorgaron alrededor de 1,800 millones de dólares en contratos para trabajos en la AEE que pagaba FEMA. El primer contrato a Cobra se le otorgó el 19 de octubre de 2017. La cantidad inicial fue de 200 millones de dólares. Fue firmado por una persona que representaba a Cobra, descrito en la acusación como “Individuo A”. El contrato fue enmendado en varias ocasiones desde noviembre de 2017 hasta el 27 de febrero de 2018. En esa enmienda de febrero, se aumentó la cuantía del contrato en 945 millones de dólares. En marzo 26 de 2018 se le otorgó un segundo contrato por 900 millones de dólares. La investigación sobre contratos adicionales continúa.
Se alega que Tribble directamente amenazaba a los funcionarios de la AEE con no desembolsar fondos de FEMA, si los trabajos no se los asignaban a Cobra. En esta acusación no hay ningún funcionario o exfuncionario de la corporación pública.
Entre los regalos que Ellison supuestamente dio a Tribble- figuran: un viaje en helicóptero sobre Puerto Rico en febrero de 2018, un lugar para vivir en la ciudad de Nueva York en febrero de 2018, pasajes aéreos (de la ciudad de Miami a Orlando, Florida en junio de 2018; de San Juan a Nueva York en primera clase en septiembre de 2018 y de Washington, D.C. a Charlotte, Carolina del Norte en noviembre de 2018), servicios de seguridad personal de noviembre a diciembre de 2018, estadía en un hotel en Charlotte, acceso para una tarjeta de crédito y acceso a un apartamento en San Juan.
“A cambio de todas estas cosas, Tribble realizó actos oficiales a favor de Cobra. Cualquier oportunidad que surgía para Cobra, Tribble influía, brindaba asesoramiento y ejercía presión sobre los funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica, incluidos entre otros, el director ejecutivo y los directores de las diferentes divisiones de la Autoridad. De este modo, la Autoridad le aceleraba los pagos a Cobra. Le asignaba tareas a Cobra, en lugar de usar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, mientras rechazaban ofertas de otros contratistas”, expresó la fiscal federal.
Uno de los ejemplos que citó Rodríguez Vélez fue la explosión que hubo en el Centro de Transmisión en Monacillos en febrero de 2018, que dejó a miles de abonados sin servicio por largas horas.
“A pesar de que los ejecutivos de la AEE dijeron e insistieron en que los empleados de la Autoridad podían reparar y arreglar Monacillos a un costo mucho más bajo que Cobra, Tribble insistió y ejerció presión a los ejecutivos para que utilizaran a Cobra. Les dijo inclusive, que si no utilizaban a Cobra, FEMA no les iba a reembolsar el dinero.
La fiscal federal mencionó que las acciones de esta funcionaria no se hacían por las cuentas oficiales de FEMA, sino que utilizó correos electrónicos, números telefónicos y mensajes de texto personales.
“Estos acusados llegaron a Puerto Rico para supuestamente ayudar durante la recuperación por la devastación que sufrimos por el huracán María. Sin embargo, decidieron aprovechar la precaria condición de nuestra red de energía eléctrica y se involucraron en un esquema de soborno y fraude electrónico para ellos enriquecerse ilegalmente a costa de nuestro sufrimiento. Se aprovecharon de uno de los momentos más vulnerables en la historia de Puerto Rico para enriquecerse a costa del gobierno”.
Tribble fue arrestada en el estado de Florida, Ellison en Oklahoma y Paterson en California. Los tres tendrán que venir a Puerto Rico para enfrentar las acusaciones. De ser hallados culpables, se exponen una pena de cárcel de entre 5 a 30 años.
