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TRUJILLO ALTO – Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), afirmó hoy que el asesinato de un guardia de seguridad en el cumplimiento del deber, pero desarmado, lleva un mensaje directo al gobierno, a la empresa privada y al pueblo.
“Como de película lo ocurrido en el Distrito T-Mobile y como muchos incidentes en las últimas semanas que, al darle lectura, vemos que son más los pillos y faltan policías para seguir luchando contra la criminalidad. Este caso nos lleva a reflexionar sobre el valor de la vida. Ese joven no pudo salvar su vida, y si alguien más hubiese estado en riesgo, él no tenía las herramientas para repeler la agresión como corresponde. Recordemos siempre que el delincuente no discrimina por el uniforme. Para el delincuente, el uniforme de seguridad es una amenaza”, declaró Torres Meléndez.
El incidente que segó la vida del guardia de seguridad Alby Rosa Velázquez, de 34 años, ocurrió en Distrito T-Mobile a las 11:29 del sábado cuando supuestamente, un sujeto que fue expulsado del lugar, lo hirió mortalmente con un arma blanca.
Dijo que, para el gobierno, el mensaje es claro: “un pueblo decente armado, se defenderá. Reconociendo que los recursos policíacos han mermado, deberían evaluar y emular otras jurisdicciones de los Estados Unidos, donde el ejercicio de nuestro derecho es más viable y menos riguroso”.
Aunque reconoció que la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168-2019) trajo adelantos y le hizo justicia al pueblo, afirmó que “los tiempos siguen cambiando, hay espacio para mejorar en favor de los ciudadanos y es el gobierno central y la Legislatura los que vienen obligados a cumplir”.
El presidente de CODEPOLA enfatizó que el proyecto de enmiendas a la Ley 168-2019 que está en consideración de la Cámara de Representantes “es a favor del pueblo” y con incidentes como este, consideró que “es el momento de hacer lo correcto y votarle a favor. Hay que seguir brindando herramientas al pueblo y cerrarle el cerco a la delincuencia”.
En cuanto a la empresa privada, Torres Meléndez manifestó que “hoy le toca dar un sentido pésame a una familia que esperaba con ansias la llegada del guardia de seguridad. La empresa privada debe enfocarse en más recursos, adiestramientos y mejores salarios para la primera línea de defensa, todos esos recursos de seguridad que tenemos en las urbanizaciones, centros comerciales, agencias gubernamentales, universidades, banca y restaurantes, entre otras entidades. Repito, el delincuente no hace excepción con el uniforme. Los guardias de seguridad están en riesgo en todo momento, y fue por lo que abogamos en la Ley 168-2019 para que pudieran portar dos (2) armas en el ejercicio de sus funciones, pero falta más”.
Torres Meléndez exhortó a los patronos para que dirijan sus esfuerzos en ayudar a su personal en el trámite para poseer licencia de armas. “Más personas adiestradas y armadas es sinónimo de seguridad. ¿De qué te vale tener un guardia de seguridad desarmado y uniformado? ¡Es un blanco fácil! De la misma forma, ¿de qué nos vale prohibir la entrada de personas decentes armadas a establecimientos o agencias gubernamentales, cuando no tenemos el coraje de hacerle ese reclamo a los delincuentes? La política de desarmar al decente y no al delincuente, tiene que cambiar”, destacó.
Concluyó que el pueblo debe estar consciente de que “no están exentos, a cualquiera le puede tocar. La diferencia la hacemos nosotros al estar adiestrados y así cuidar a los que queremos. Hacer reclamos en relación con problemas energéticos o de combustible es aceptable, pero ¿hasta cuánto hay que esperar para reclamar por nuestra vida y seguridad? Hace tiempo que vengo diciendo que, esta lucha la estamos perdiendo y el silencio de los responsables nos da a dado la razón”.
