SAN JUAN – El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) desestimó el jueves una querella presentada contra el alcalde de Humacao, Julio Geigel Pérez, y otros funcionarios municipales, al no encontrar pruebas suficientes de la comisión de delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.
La querella, radicada por el presidente de la Legislatura Municipal de Humacao, Ángel Gabriel Rodríguez Medina, alegaba que Geigel Pérez y sus empleados se negaron injustificadamente a comparecer a reuniones de la Comisión de Hacienda, Fondos Federales, Auditoría y Asuntos del Contralor.
La investigación preliminar, realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, concluyó que no había causa suficiente para designar un Fiscal Especial Independiente. A pesar de esto, el informe y la resolución de archivo fueron remitidos a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para su evaluación administrativa.
La querella presentada en 2023 acusaba a Geigel Pérez de violar los artículos 246(f), 281 y 298 del Código Penal de Puerto Rico, relacionados con su negativa a comparecer ante la Comisión de Hacienda y por obstruir una investigación sobre contratos otorgados por la administración anterior.
El informe de la DIPAC indicó que, aunque se emitieron citaciones a los empleados municipales, estos no comparecieron debido a instrucciones del alcalde. Sin embargo, la Comisión de Hacienda no recurrió al tribunal para obligar su comparecencia y finalmente decidió que el testimonio del alcalde no era necesario para completar su informe final.
La DIPAC determinó que las citaciones no tenían fuerza de ley, ya que no estaban firmadas por la presidenta de la Comisión, Hon. Gladys E. Flecha Delgado, y eran consideradas invitaciones. Por lo tanto, no se configuraron los delitos de impedimento de testigos ni resistencia a la autoridad pública.
El Panel sobre el FEI acogió la recomendación del Secretario de Justicia y ordenó el archivo definitivo de la querella. La resolución y el informe fueron enviados a la OEG para su consideración conforme a la Ley de Ética Gubernamental.
