SAN JUAN – El Proyecto del Senado Núm. 445, radicado por el Senador independentista Juan Dalmau Ramírez, resultó vetado por el Gobernador Ricardo Rosselló luego de que se venciera el término fijado constitucionalmente para que éste lo atendiera. El proyecto buscaba incorporar la enseñanza del Lenguaje de Señas en todas las escuelas del país, en acorde con un currículo diseñado por un Comité compuesto mayoritariamente por miembros de la comunidad sorda.
El gobernador aludió mediante comunicación escrita a la supuesta inviabilidad fiscal del proyecto como justificación. Esto, según del autor de la medida, proyecta desconocimiento del texto del proyecto, que fue aprobado unánimemente en Cámara y Senado, y da la espalda a la comunidad sorda.
El Senador del PIP aclara que «la versión final del proyecto tomó en consideración las recomendaciones del Departamento de Educación para garantizar su ejecutabilidad fiscal. A esos fines citó el artículo 8 del Proyecto que dispone la forma en que debía establecerse el curso: el Departamento de Educación lo implantará en forma escalonada, atendiendo primero el nivel elemental, y de conformidad con los recursos que tenga disponibles». El Senador Dalmau explica que el proyecto no tendría impacto sobre el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión para este año, como alegó el gobernador, porque la medida permite la ejecución de una serie de pasos preliminares, que integran a la comunidad sorda al proceso de preparación del currículo, cuyo costo, si alguno, es nominal.
«La declaración de política pública en favor de la enseñanza de este lenguaje, y de la comunidad que lo utiliza, no resultaba en costos presupuestarios. El Departamento de Educación tendría seis (6) meses a partir de la aprobación del proyecto para configurar el Comité de asesoramiento, diseño y redacción de currículo para la enseñanza del lenguaje de señas en Puerto Rico. El Comité, luego de configurado, tendría, además, un término de diez (10) meses para diseñar el currículo, las expectativas de grado y los materiales didácticos. Ese proceso, fielmente ejecutado, significaría que la implantación del currículo se realizaría en el próximo año fiscal sin un costo significativo. La medida, a su vez, no coloca el peso de su implantación exclusivamente en el gobierno. Su artículo 8 le ofrece al Departamento de Educación la opción de entrar en acuerdos de colaboración con entidades sin fines de lucro que cuenten con un historial probo de vínculos con la comunidad sorda» explicó el Portavoz del PIP.
Dalmau explicó que el veto al proyecto no se subsana con la solicitud hecha por el gobernador a la Secretaria de Educación para que identifique ciertas escuelas para la enseñanza del Lenguaje de Señas. «Es necesario una ley que establezca política pública clara y un proceso de transición escalonado para su cumplimiento. Atender el asunto administrativamente deja este importante proceso al arbitrio de burócratas que luego podrían igualmente eliminarlo. Esto no representa una solución permanente. La solución es la firma de legislación que garantice su ejecución democrática, con la participación de la comunidad sorda. Dalmau, quien radicó el proyecto nuevamente con un amplio apoyo de sus correligionarios en el Senado (P. del S. 606), hizo un llamado al gobernador para que examinara la medida con mayor detenimiento y la firmara.
