SAN JUAN – El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer, junto a los senadores Migdalia Padilla y Ángel Martínez, alegaron el martes que el Plan Fiscal y de Crecimiento Económico ya fue aprobado según lo reconoce el Proyecto del Senado 1513 para crear la Junta de Control Fiscal.
Alegó que el Plan, sometido el pasado 9 de septiembre por el Grupo de Trabajo, contiene decenas de medidas complejas que no podrán recibir un análisis exhaustivo, además de que es legislación que delinearía la política pública de una próxima administración.
“El documento del Plan Fiscal propone atender en la última Sesión Ordinaria más de 20 medidas que requieren ser evaluadas de forma exhaustiva y esto coincidirá con la Sesión en la que se aprueba el presupuesto. Estamos hablando de medidas complejas como una reforma laboral, enmiendas al Código de Rentas Internas, consolidación de agencias, la extensión por cinco años de la Ley 66, cambios al Sistema de Retiro de Maestros y la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras, que requieren que la Asamblea Legislativa pueda recibir el insumo necesario. Pasados ya casi tres años de este gobierno es que se propone un plan para trabajar con la crisis fiscal que atraviesa la isla. Llegó demasiado tarde, es improvisado y no es realizable”, sostuvo Seilhamer Rodríguez en una conferencia de prensa.
El portavoz del PNP en el Senado alegó además que las medidas están propuestas para implementarse entre el 2016 y 2017 “cuando entraría una nueva Asamblea Legislativa y gobierno”.
“Según el documento del Plan Fiscal están contemplando para el 2017 consolidar funciones del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Banco Gubernamental de Fomento”, alegó.
Los senadores emplazaron a los presidentes de los Cuerpos Legislativos, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló, quienes conforman el Grupo de Trabajo encargado de realizar el Plan Fiscal.
“Tenemos que cuestionar si tanto Bhatia como Perelló avalan este Plan del que se supone son parte según la Orden Ejecutiva 2015-022, o de lo contrario que expliquen si no formaron parte del Grupo e incumplieron con el mandato del gobernador. De igual forma, resulta bastante inconsistente que el secretario de Justicia, César Miranda, que también forma parte del Grupo de Trabajo, ayer en la Vista Pública recomendara enmiendas a la Junta de Control Fiscal cuando dicha Junta ya estaba contenida en el Plan Fiscal y de Crecimiento Económico que él se supone trabajó”, cuestionó.
Sobre la Junta de Control Fiscal, Seilhamer Rodríguez alegó que la misma otorga poderes a sus miembros altamente cuestionables.
“Estos miembros tendrían inmunidad y estarían exentos de leyes como la de Ética Gubernamental, la del Fiscal Especial Independiente (FEI) y la de Transición, lo que el propio secretario de Justicia admitió que no puede ser así. Además, estamos hablando de una Junta que carece de independencia política porque será compuesta por cinco miembros designados por el gobernador y confirmados por el Senado de PPD. De igual forma, la Junta de Control de Fiscal tiene un alto costo porque se le asigna como mínimo 1 millón de dólares mensuales en momentos en que Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal lo que no representa una medida de sana administración. Esta Junta se puede decir que es la creación de otra agencia más, una Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) agrandada, que provocará mayor burocracia”, finalizó.
