SAN JUAN – La Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix Lassalle Toro, inició el martes, el análisis del Proyecto de la Cámara 693, para enmendar la ley que crea el Registro de ofensores sexuales, con el propósito de prohibir que las personas convictas por delitos de naturaleza sexual puedan proveer servicios a menores.
El presidente de la Comisión manifestó en declaraciones escritas que este proyecto “es uno en el que todos estamos de acuerdo, para buscar la manera de proteger a nuestros niños de personas que han estado involucradas en este tipo de delitos. Por otro lado, entiendo que es meritorio estudiar las enmiendas que han presentado para que la prohibición sea específicamente para servicios directos a menores”.
Explicó que, durante los trabajos, la licenciada Charlene Rivera quien es asesora legal del Departamento de la Familia, se pronunció a favor de la medida y recomendó que dicha prohibición se limite únicamente a profesiones que provean servicios directos a los menores. Expresó que de esa manera se protege a esta población vulnerable, a la vez que le da oportunidad de reinsertarse en la sociedad a las personas que extinguieron su condena por estos delitos.
Por su parte, la licenciada Estrella Mar Vega Soto, asesora legal del Departamento de Seguridad Pública, dio a conocer la posición del secretario Héctor Pesquera, quien favoreció el proyecto que complementaría las leyes actuales que hacen extensiva tal prohibición a cualquier otro servicio que se les ofrezca a los menores de edad. Mientras, que el Departamento de Justicia sometió una ponencia en la que apoya la medida y sugiere establecer una prohibición de forma generalizada.
De otro lado, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erik Y. Rolón Suárez, se solidarizó con la iniciativa “ya que restringe a los ofensores sexuales a estar cercanos a menores de edad y aporta al objetivo de lograr que nuestros menores de edad estén más seguros al asistir a su escuela”.
Por otro lado, la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), licenciada Mercedes Peguero Moronta, favoreció el proyecto ya que el mismo es cónsono con los propósitos de la entidad de garantizar la seguridad de las víctimas.
