Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- El Senado de Puerto Rico aprobó anoche, con enmiendas, el Proyecto de la Cámara 1922 que crea la Ley Especial de Sustentabilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, a los fines de declarar un estado de emergencia fiscal y que impactaría los convenios colectivos.
La pieza legislativa, que contó con el voto en contra de la minoría independentista y novoprogresista, regresa a la Cámara de Representantes para coincidir o no con las enmiendas del Alto Cuerpo. De aceptarlas, la medida pasa a la firma del gobernador, Alejandro García Padilla. De no hacerlo, regresa al Alto Cuerpo.
El senador Cirilo Tirado informó que dos enmiendas fueron introducidas al proyecto. La primera al Artículo 17, que establece que a partir del primero año de la vigencia de esta ley y anualmente, por los próximos tres años, toda corporación pública establecerá anualmente un proceso mediante el cual el director ejecutivo de la entidad y los representantes de sus respectivos gremios evaluarán, de forma transparente, la situación económica y realidades fiscales de las respectivas corporaciones públicas.
Según Tirado, a la luz de la evaluación, según el mecanismo adoptado, y de establecerse que la corporación pública no opera con déficit y cuenta con una condición económica establece y no depende del Fondo General para su operación, se podrán iniciar negociaciones de aquellas cláusulas del convenio que han sido congeladas bajo las disposiciones de este artículo. Al finalizar la vigencia de esta ley, se restablecerá el convenio colectivo vigente.
La segunda enmienda es al Artículo 32, según Tirado, establece que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no podrá tener controles sobre los reglamentos y leyes de los convenios colectivos de las corporaciones públicas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas, José R. Nadal Power, informó que una enmienda de la Cámara, que fue producto del acuerdo firmado entre un gran sector de la representación sindical y la Oficina del Gobernador, establece que los traslados no se pueden llevar a cabo si los mismos resultan ser muy onerosos para el empleado público.
Otra enmienda que las entidades de la Rama Ejecutiva y la OGP deberán tomar las salvaguardas necesarias, a los fines de garantizar que las disposiciones de este Artículo no acarreen la pérdida de fondos federales.
Por otra parte, entre otras cosas, el informe expresa que para el 2013, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) le adeudaba al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) $2,043 millones. Asimismo, en el año fiscal 2003-2004, se experimentó un aumento de cerca de $1,570 millones y los préstamos en cartera del BGF ascendieron a $4,176 millones.
De otra parte, la firma de Contadores Públicos Autorizados, KPMG, auditó los estados financieros del BGF para el año terminado el 30 de junio de 2013. En su informe, los auditores enfatizan que, en su estado de situación al 30 de junio de 2013, el BGF tiene préstamos por cobrar al Estado Libre Asociado (ELA) y a sus corporaciones públicas por $6,900 millones. Por otro lado, los préstamos por cobrar a los municipios totalizaron $2,212 millones. El total de la deuda pública de Puerto Rico alcanzó $64,957 millones en el año fiscal que concluyó en el 2013.
