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SAN JUAN – Las Comisiones de Recursos Naturales y Turismo de la Cámara de Representantes aprobaron este viernes unánimemente el Proyecto de la Cámara 316 para prohibir la disposición en áreas no designadas de mascarillas y guantes desechables en las playas, balnearios y cuerpos de agua.
La pieza legislativa facultaría al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales Ambientales (DRNA), el Negociado de la Policía y la Policía Municipal a emitir multas de 250 dólares a quienes incumplan con la ley.
“Es pertinente establecer como política pública del Estado la preservación de nuestros cuerpos de agua, balnearios y playas para evitar la contaminación ambiental, y erradicar la práctica irresponsable de ensuciar y destruir nuestros recursos naturales”, expresó el representante Edgardo Feliciano Sánchez, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, durante la vista de consideración final.
El estatuto forma parte de las enmiendas acogidas por ambas comisiones y las recomendaciones que ofreció el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Salud (DS), la Compañía de Turismo y el Departamento de Justicia.
Aunque originalmente la medida buscaba prohibir el uso total de mascarillas y guantes en las playas, la pieza fue enmendada luego de que las agencias expresaron la necesidad de cumplir los protocolos contra el COVID-19 y la orden ejecutiva del gobierno, que ordena el uso de mascarillas en todo momento en lugares públicos.
Asimismo, se incluyó al Proyecto las definiciones de playa, balneario, cuerpo de agua, área designada y área no designada, con el fin de evitar confusiones en su interpretación.
Como parte de las disposiciones de la medida, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) promulgará un reglamento para informar a los establecimientos comerciales sobre la ley, mientras que el DRNA creará un reglamento que establezca el procedimiento para emitir una multa por incumplimiento.
Por otro lado, la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie Janet Burgos Muñiz, también realizó una vista de consideración final sobre el Proyecto de la Cámara 198 y 199, que proponen otorgarle mejores recursos a los abuelos que asumen la crianza de sus nietos.
En el Proyecto de la Cámara 198, el representante y autor de ambas medidas, José E. Meléndez Ortiz, busca añadir un nuevo inciso de la Ley 76 del 2013 para adicionar nuevas funciones y deberes a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada.
De igual forma, Meléndez Ortiz presentó una enmienda en el Proyecto de la Cámara 199 para proteger a los adultos mayores que viven en condiciones infrahumanas y derogar la Ley 76 del 2013.
‘’Las condiciones que reportan los abuelos tras hacerse cargo del rol de padres centran la atención a importantes áreas de necesidad que requieren servicios designados, como problemas económicos, vivienda, inseguridad de alimentación, estrés mental y salud física’’, expresó la representante Burgos Muñiz.
De conformidad con el Censo del 2010, en Puerto Rico había 56,214 abuelos que eran responsables de sus nietos menores de 18 años. De esa cantidad, cerca del 40 por ciento tenían más de 60 años. En respuesta a estos números, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada ha creado varios programas de apoyo, tales como el de ‘’Apoyo a Cuidadores’’ y el de ‘’Abuelos Adoptivos’’.
‘’Hemos identificado desde los inicios de nuestra jornada un grupo de medidas que buscan hacer justicia a una población creciente y desventajada de nuestro país como lo son el sector de la tercera edad. Hoy tenemos dos medidas que hemos examinado sus respectivos memoriales y discutidas con la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada para, que una vez enmendadas, sean referidas al Cuerpo Legislativo’’, puntualizó la representante.
Para esta vista de consideración final no se recibieron nuevas enmiendas para el Proyecto de la Cámara 198 ni para el Proyecto 199. De otra parte, la sesión pública no contó con el quórum necesario para establecer la votación final y aprobar las enmiendas.
La legisladora de Proyecto Dignidad informó que la votación sobre esta medida se realizará mediante referéndum, según dispuesto en la sección 12.16 del Reglamento de la Cámara de Representantes el 22 de marzo de 2021 a las 9:00am. La misma será realizada en las oficinas de la Comisión de Bienestar Social y Personas con Discapacidad.
