SAN JUAN – El representante del Partido Popular Democrático, Jesus Manuel Ortiz, solicitó al gobernador Ricardo Rosselló que envíe a la Asamblea Legislativa su propuesta de presupuesto antes de someterlo ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en o antes del próximo 30 de abril. El legislador solicitó además detalles de los recortes presupuestarios que propondrá, las áreas de servicios que se afectarán y las propuestas de nuevos ingresos.
Jesús Manuel Ortiz, representante popular. (Foto/Twitter)
Representante popular asegura Asamblea Legislativa no puede claudicar su facultad constitucional de evaluar el presupuesto».
En una carta con fecha al 22 de marzo, la JSF notificó al gobernador y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos su obligación de someter ante la Junta el presupuesto del año fiscal entrante antes de abril 30 de 2017. Además, al presupuesto debe acompañarle otros documentos requeridos por la Junta.
«Emplazamos al gobernador a que antes de enviar cualquier documento a la JSF someta el presupuesto del año fiscal 2018 a la Cámara de Representantes para su evaluación. El Plan Fiscal de la Administración Rosselló propone más de $951 millones en recortes a través de reducción en servicios de salud, cierre de 300 escuelas, eliminación de subsidios municipales y recortes enormes en la UPR, entre otros. Incluye además sobre $924 millones en nuevas medidas de recaudo, que redundarán en alzas en impuesto del CRIM y servicios municipales, costo de servicios, marbetes, permisos y licencias otorgadas por el gobierno, servicios del plan de salud y otros. Esta realidad requiere que el pueblo conozca todos los detalles de recortes y alza en impuestos lo antes posible», indicó Ortiz González.
Representante popular le solicita a la JCF que incluya a municipios en los planes fiscales
El ex Secretario de Asuntos públicos de La Fortaleza añadió que en cuanto a los recortes, es preocupante que llegue un presupuesto con $951 millones en recortes concentrados en la eliminación de programas sociales y de salud que al día de hoy ofrecen apoyo a más del 46% de la población que vive bajo el nivel de pobreza y a más 500,000 personas mayores de 65 años. Recortes muy severos podrían provocar una espiral económica y coloca el mayor peso de la crisis sobre la población más vulnerable.
Ortiz añadió que ante la difícil situación que vive el país, en ese nuevo presupuesto no se le puede quitar un sólo dólar a un programa que ofrezca servicios esenciales sin antes eliminar en su totalidad gastos que no repercuten en servicios a la gente. “En los primeros tres meses de gobierno hemos visto como destinan cantidades millonarias a cabilderos que aparentan estar más pendiente a la estadidad que a la salud de la gente, así como en servicios de relaciones públicas del gobierno», dijo en referencia a los más de 8 millones en contratos otorgados en publicidad, relaciones públicas y cabilderos de la estadidad; según el Registro Digital de Contratos de la Oficina del Contralor.
«La Asamblea Legislativa no puede claudicar a su responsabilidad constitucional de evaluar el presupuesto propuesto por el ejecutivo. En momentos en que se acercan dramáticos recortes y nuevos impuestos es imprescindible que aquellos que fuimos electos por el país evaluemos esas áreas de impacto antes que la JSF. Hago un llamado al ejecutivo a que envié su propuesta de presupuesto y al legislativo a que haga valer su rol fiscalizador en favor del pueblo», sentenció Ortiz.
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