SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, informó el jueves que este Cuerpo Legislativo presentará un recurso legal conocido como ‘Amigo de la Corte’, uniéndose así a la petición de los demandantes que solicitan al Tribunal Federal declarar inconstitucional la reciente prohibición a las peleas de gallos en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.
El anuncio lo hicieron los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Michael Abid Quiñones Irizarry, Urayoán Hernández Alvarado, José ‘Memo’ González Mercado, José ‘Che’ Pérez Cordero y Joel Franqui Atiles, entre otros, en conferencia de prensa celebrada hoy, jueves, en El Capitolio.
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“Nosotros siempre hemos estado de frente, dando la batalla para evitar que se imponga esta injusta prohibición. Hemos hecho sinnúmero de gestiones, incluyendo visitas directas a los congresistas, radicación de legislación local y hasta cartas al Presidente de los Estados Unidos. Hoy, nuestro Presidente da otro paso al frente en la defensa de esta industria anunciando la radicación de este recurso. La Cámara de Representantes de Puerto Rico estará apoyando esa petición de los demandantes y esperamos radicar nuestro recurso en o antes de la fecha límite para dicho propósito; que en este caso en particular es el 14 de octubre”, comentó Hernández Alvarado en comunicación escrita.
“Desde el inicio nos dimos a la tarea de visitar el Congreso para expresar lo importante que esta tradición en nuestro pueblo, no solo cultural, pero también económica. Miles de padres y madres puertorriqueños, ciudadanos americanos todos, dependen de esta industria para vivir y no es justo que se le quite su empleo. Por eso nos unimos a esta iniciativa. En mi Distrito son muchas las familias que dependen de este deporte”, mencionó Quiñones Irizarry.
El Club Gallístico de Puerto Rico presentó en mayo de este año un recurso legal contra el Gobierno de los Estados Unidos (contra el Presidente y la Rama Ejecutiva) para, entre otros aspectos, declarar inconstitucional la aplicación en Puerto Rico de la prohibición nacional de las peleas de gallos. Esta prohibición vino como parte del Agricultural Improvement Act of 2018, que entre muchos otros aspectos, extiende a Puerto Rico una prohibición (que antes estaba para los Estados) de las peleas de gallo. La Sección 12626 de dicho estatuto federal es la que específicamente prohíbe las peleas de gallos en nuestro archipiélago.
“El deporte de ‘picos y espuelas’ aporta alrededor de unos $230 millones anuales a nuestra economía y crea unos 27,000 empleos directos e indirectos. Perder esta práctica conllevaría grandes pérdidas económicas y personales para decenas de miles de familias puertorriqueñas. Sería un verdadero desastre para nuestra economía. Esta es una imposición del gobierno federal que prohibiría actos de libertad de expresión, de libertad de asociación y de identidad cultural, que son derechos garantizados por otras legislaciones federales, incluyendo la Constitución de Estados Unidos, así como por su jurisprudencia interpretativa. Por eso nos estamos uniendo al pleito”, sostuvo por su parte González Mercado.
“Como Presidente de la Comisión de Recreación y Deportes tengo la obligación de defender este taller de empleo y un deporte que forma parte de nuestra tradición, por eso me di a la tarea de documentar cada uno de los aspectos que pudiesen verse afectados por la prohibición de este deporte, por eso acojo con beneplácito este recurso que se presentará ya que abre otro frente en la lucha contra la prohibición”, dijo Pérez Cordero.
Entre las medidas aprobadas por la Cámara a favor de las peleas de gallo se encuentra la Resolución de Concurrente de la Cámara 79, la cual expresa el más firme y categórico rechazo de la Asamblea Legislativa a la legislación federal que busca prohibir las peleas de gallos en nuestra jurisdicción y la Resolución de Concurrente de la Cámara 91 la cual solicita al Congreso que revierta la prohibición de las peleas de gallos en la Isla y los demás territorios estadounidenses; en la alternativa, se pide un periodo de transición de cinco años para tal prohibición, entre otras.
